Si me hubiera puesto el traje de pronosticador -por suerte no lo hice- habría predicho una sentencia matizada . Lo primero que habría pensado era que la Corte iba a manejar los tiempos, tal como lo ha hecho en todas las causas espinosas -con la Ley de Medios como buque insignia-. Pero no pudo. Desechada esa posibilidad, habría intuido que iba a salir del brete por la puerta del medio, suspendiendo la elección pero dejando viva algo de la sustancia de la ley 26855, que modifica el Consejo de la Magistratura (algo del tipo de lo expresado aquí por Arballo, recogido por Pagni). Esos pensamientos -que, por supuesto, no tuve- no hubieran sido fruto de mis deseos profundos sino una conclusión más o menos razonable del habitual modus operandi de la actual Corte Suprema. Pero si hay una novedad en el caso Rizzo es que el Tribunal salió a por todas. Pasó de la pasiva foto de Lorenzetti junto a la Presidenta durante el anuncio del envío de los proyectos legislativos a la defensa del manejo del Presupuesto Judicial y de allí, sin escalas, a dejar sin efecto la reforma al Consejo de la Magistratura. Un cambio profundo se ha producido y creemos que ello obedece a que la Corte se ha visto acorralada y puesta a jugar un juego que no estaba acostumbrada. Habituada a liderar un Poder Judicial se ha visto llevada en andas por él y ha cantado un falta envido. Leer más »
Con toda la artillería
Discursos por allá, fallos por acá
La atención y la agenda sigue en otro lado. Gente grande e importante no sólo cruza discursos sino tweets. El conflicto sobre la ley de medios – capítulo reforma judicial – no impone barreras tecnológicas ni siquiera a quienes estaban más cerca de las palomas mensajeras que de los virtuales pajaritos azules. La atención gira en torno del fallo de Servini (Rizzo o Traboulsi) y el próximo per-saltum que interpondría el Ejecutivo para que la Corte produzca un fallo oportuno en lo que respecta a la elección de los Consejeros (ver aquí nota de Irina Hauser o esta otra de Mario Wainfeld, o ésta de Adrián Ventura). Antes que pasen al olvido, recolecto las sentencias que la Corte destacó de sus últimos acuerdos. Seguramente alguna será tratada en extenso en el curso de la semana. Aquí va el clásico repórter. Leer más »
Nuevas tecnologías y garantías penales en la CS de EE.UU.
En 1991, Rodney King fue tristemente célebre por haber sido apaleado por la polícía de Los Angeles, dando lugar a una serie de motines populares y grandes cuestionamientos respecto de esa fuerza. La semana pasada, otro King, Alonzo, fue protagonista de una confrontación, mucho más sutil, con la policía de Maryland. No se trató esta vez de palos y patadas, filmados subrepticiamente desde un balcón, sino de un inocente hisopo en la boca para tomar una muestra de ADN del interior de su mejilla. En aquel momento, la tecnología sirvió para controlar a las fuerzas del orden. Hoy, cumple la función de controlar a la población, ya que esa extracción permitió que King, detenido esta vez por asalto a mano armada, fuera encontrado culpable de una violación ocurrida en 2004. Ergo, a Alonzo se lo detuvo en el 2009 por una causa, se le extrajo el ADN, se lo compulsó con la base de datos y al cabo de un tiempo, se le atribuyó un crimen cometido varios años antes. ¿Exito de la lucha contra el crimen o afrenta a la privacidad y las garantías penales? Acerca de eso discutió, acaloradamente, la Corte Suprema de los EE.UU. en Maryland vs King (3/06/13). Leer más »
Vaca Muerta, Levántate y Anda
Desarrollo y contaminación. Ying-yang. Ni la preocupación por cuidar el impacto ambiental tenía el rigor actual, ni todos los países cuidan y exigen que la huella ecológica sea pequeña. Entre 1964 y 1990, en la petrolera región de Oriente, plena Amazonia Ecuatoriana, Texaco (desprendimiento tejano de la standard oil de Rockefeller) ponía a Ecuador en el mapa petrolero con un yacimiento conocido como Lago Agrio. Lo operaba ella, pero los derechos sobre el área los compartía con otros dos socios: Gulf (que tenía el 33%) y el propio gobierno ecuatoriano a través de CEPE – hoy Petroecuador – que para el ’74 tenía un 25% y para el ’76 sumó el 33% de Gulf quedándose con el 58%. Texaco lo operó desde el 64 al 90, cuando le pasó la manija a Petroecuador. Para el 93 Texaco había transferido sus derechos en el área, dejándolo todo en manos de la empresa gubernamental. La salida del 93 fue inmediatamente acompañada por una acción de clase entablada en los EEUU a fin de que Texaco reparase los daños a una comunidad aborigen derivados del impacto ambiental de su actividad. Los estrategas de la demanda tenían resquemores para intentar en Ecuador la acción a favor de una débil comunidad indígena. Veían que el sistema judicial era corrompible y que había un influyente sector petrolero, por lo cual preferían debatir en cortes estadounidenses. La acción de clase en Estados Unidos terminó mal en 2001, rechazándosela por falta de jurisdicción. La acción se mudó entonces a Ecuador. Por entonces, en ese mismo año 2001, Texaco se fusionaba con Chevron, que la absorbería. En el 2011 el costoso litigio tuvo un final (?) negro para Chevron: un juez federal de Oriente fallaría en contra de la empresa petrolera condenándola a pagar indemnizaciones de 19 mil millones de dólares. Si bien existe un documental (Crude) y el New Yorker nos ofrece una amable lectura del caso, no hay dudas que la contienda esta plagada de suficientes incidencias como para ocupar su lugar en Hollywood. La pregunta es si habrá lugar para un capítulo argentino. Por las dudas, Gils Carbó ya presentó un guión en donde se ve una pobre vaca que pulula por los pasillos de las veterinarias buscando una transfusión que le permita explotar con vigor su potencial. Leer más »
Aprovechar la oportunidad
Las medidas legislativas de “democratización judicial” han puesto el foco en los amparos judiciales respecto al asunto más acuciante, el de los cambios en la composición y modos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Mientras muchos se devanan los sesos pronosticando si la Corte se va a pronunciar a favor o en contra de esas reformas y, sobre todo, cuándo lo va hacer, a nosotros se nos ha dado meditar acerca del art. 4 de la Ley 26856. Esta norma dispone dentro de la ley de publicidad de las sentencias oficiales (vid. post aquí), que la Corte Suprema debe publicar con una anticipación mínima de 5 días las cuestiones que vaya a tratar en sus acuerdos. ¿Infringe esta disposición el art. 113 CN que le da a la CS la atribución de dictar su reglamento interior? Esta pregunta, que vamos a intentar contestar en seguida, en realidad oscurece la oportunidad que ofrece: discutir la transparencia del accionar judicial. Leer más »
¿Escuchar al menor o sólo oirlo?
Hace ya un tiempo, mientras vivía en España, vi una publicidad televisiva oficial de una campaña de lucha contra la drogadicción, que me dejó pensando. La primera imagen revelaba a un padre -supongo que primerizo- ensimismado con su hijo recién nacido a quien le hacía todas las gracias posibles, le festejaba con entusiasmo sus “ajós” y le retrucaba en su mismo lenguaje. La toma se cortaba abruptamente y pasaba a mostrarnos un adolescente desaliñado, con cara de pocos amigos, que se refugiaba en su cuarto y cerraba tras de sí la puerta. La leyenda final decía: “¿cuánto tiempo hace que no hablas con tu hijo?”. En ese momento, quizás, el aviso me impactó porque no tenía todavía hijos adolescentes. Ahora, la dificultad de dialogar con ellos y, sobre todo, de hacer el esfuerzo para verdaderamente escucharlos en sus preocupaciones e intereses, es cosa de todos los días. Esta diferencia entre la sumisión absoluta, que nos maravilla y empodera al mismo tiempo, y la repentina sensación de que parte del poder que tenemos (¿teníamos?) sobre ellos debe ser dejado de lado en aras de un nuevo sujeto moral que despunta, es sumamente conflictiva. Algo semejante le pasa a los jueces cuando deben cumplir con el art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño que consagra su derecho a ser escuchados en todo procedimiento que afecte sus derechos. Veamos, por ejemplo, este caso de restitución internacional de una menor a Mexico que la Corte resolvió el pasado 21 de mayo. Leer más »
7 de Mayo
Un 7 de mayo de 1824, ”…en el Teatro de la Corte Imperial de Viena (Austria), abarrotado de un público selecto, tiene lugar el estreno de la Novena Sinfonía en re menor, de Ludwig van Beethoven, completamente sordo e impedido de oír nada de lo que su genio es capaz de crear. A partir del segundo movimiento, un público asombrado y embelesado por la riqueza y amplitud de lo que escucha, estalla en aplausos. Al final del concierto, un Beethoven emocionado verá entre lágrimas a todos los asistentes puestos de pie que no pararán de ovacionarle.” (www.hechoshistoricos.es). El 7 de mayo que puse como título no alude a una fecha, sino a 7 fallos dictados por nuestra Corte en mayo que pasaré brevemente a comentarles: Leer más »
La lucha por la información
Una simple mirada a la sección “Novedades” de la página de la Corte Suprema da cuenta de las preocupaciones que la embargan. Pocas sentencias (¡muy pocas!), tal como parece prescribir el recetario de un año electoral. Varias acordadas, en cambio, que parecen querer amortiguar el impacto de las medidas que el Gobierno está tomando en pos de la “democratización judicial”. Entre ellas, destaca la Acordada 15/2013 por la cual la Corte ordena a las Cámaras Federales y a los tribunales orales que publiquen sus decisiones a través del Centro de Información Judicial. Esta norma judicial debe leerse como una maniobra preventiva respecto de la Ley 26856, publicada ayer en el Boletín Oficial (un par de días después de la Acordada), para que no se les ocurra a los tribunales cumplir con las obligaciones legales por otro conducto que no sea el que ella misma creó. Lo notable del caso es que el artículo 3 de la Ley, mutatis mutandi, establecía lo mismo que la Corte Suprema se apresuró a “acordar”. ¿Alguna explicación? Leer más »
Obras sociales: ¿quién va a pagar el aumento del gasto en salud?
Nuevamente, Todo Sobre la Corte agradece la contribución del Dr. Gabriel Mihura Estrada.
El aumento del peso sobre el salario de los trabajadores de los gastos de salud es una preocupación creciente en nuestros días. La detección cada vez más temprana de las enfermedades, así la existencia de pluralidad de tratamientos y medicamentos para su atención, son una conquista de la modernidad, pero han disparado los costos de la medicina a niveles cada vez más altos y renovado la dilución sobre el modo de afrontar los mayores gastos. Para ello basta recordar el enorme debate que provocó en Estados Unidos la ley de reforma del sistema de salud, presentada por el Presidente Obama.Entre las sentencias del pasado mes de abril la Corte resolvió un caso sobre financiación de las obras sociales, que presenta algunos puntos interesantes para repasar (“Brondino, Juan E. y otros c/ Estado Nacional s/ ordinario”), repitiendo lo que ya un año antes había dicho en el caso “Molina, Horacio y otros c/ Policía Federal Argentina”. Tanto en el precedente como en esta nueva sentencia, se verifica un contrapunto interesante entre la Procuración General y la Corte, en relación a la naturaleza de los aportes y contribuciones a las obras sociales (si son de naturaleza tributaria o no), y el límite a la delegación de facultades por parte del Congreso que derivaría de la posición que se adopte al respecto. Pero vamos al caso. Leer más »
Cuestión de Competencia: De tin marí de do pingué
La Procuración General dictaminó el 27 de diciembre de 2011, hace casi dos años, cómo debía resolverse – a su criterio – un conflicto negativo de competencia entre el fuero penal económico y el fuero civil y comercial federal. La decisión de la Corte se añejó en cajones de roble y se resolvió recién esta semana. El caso se enmarca en la defensa de la competencia, los derechos del consumidor y la operación de vinculación que en el exterior celebraron Telecom y Telefónica. Y, como ha quedado en evidencia bajo el post Telecom: smooth operator (de mayo de 2010), los conflictos de competencia en esta materia no son meros conflictos de competencia. Aquí se entrecruzan inconstitucionalidades (legislación ejecutiva por medio de un veto parcial y un exceso reglamentario), cuestiones políticas, larguísimas omisiones reglamentarias (constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia) y una Corte indecisa. ¿Su guarda en barricas lo habrá hecho más rico? ¿Habrá valido la pena la espera? No. Intentaré explicar por qué. Leer más »
Los fallos de abril
Los primeros vientos del año movieron el árbol cortesano con furia. Se han volado hojas. Se ven los troncos. El esplendor de los colores otoñales, por ahora, quedó para otro año. Los fallos destacados de abril han sido sólo 5: Honorarios en IBM contra Estado Nacional; imposibilidad de probation en tema de violencia de género en ”Góngora”; revisión de las competencias del Poder Ejecutivo para financiar al IOSE (obra social del Ejército) en “Brondino”; un 280 en Brusa (lesa humanidad) y, finalmente, la discusión del principio non bis in idem en los procesos contra el suspendido magistrado Hooft. Pretendo hacer aquí un mínimo repaso. Leer más »
El poder de la palabra
El reposo dominical y los diarios voluminosos fueron la ocasión ideal para revisar los avatares de la democratización judicial. Un lugar especial tuvo, en esos análisis, la carta que la Corte Suprema le envió a Diputados y por la que el manejo del Presupuesto Judicial, finalmente, quedó en sus manos. Nelson Castro, en el diario Perfil, ofreció la versión “interna” de la CS, en la que las maniobras epistolares asumen una alta función institucional. Mario Wainfeld, en Página 12, no se queda en el Palacio de Tribunales sino que reconstruye las versiones de los Camaristas firmantes de la primera misiva para descubrir que el que escribió esa misiva fue el mismo Lorenzetti, quien luego la hizo circular para que ellos la asumieran como propia y el la “transmitiera” como el sentir del “entero” Poder Judicial. Muchas versiones palaciegas, que darían lugar a reflexiones sobre el modo correcto de instrumentar una “política judicial”. Dejamos eso para los comentarios, pero nos gustaría antes concentrarnos en el sentido común que subyace en ambas notas: la necesidad de la “bolsa” para que la CS desempeñe su función. Leer más »
Pase amigo, lo escucho
Por qué hacemos lo que hacemos es un arte todavía indescifrable. A medio camino realizamos asunciones racionales. La economía hace muchas para explicar o predecir comportamientos. La ciencia política también. Nadie desconoce que hay gente que va diametralmente en contra de lo que racionalmente presuponemos como normal, pero no por ello cesamos en el afán de predecir como actuarán ante determinadas situaciones. Parece razonable asumir entonces que no se participa (trabaja y ofrece el fruto de su trabajo) sin un interés concreto: sea éste pecuniario o para contribuir al desarrollo social, sectorial o de la ciencia jurídica; sea que con él se quiera trascender y mostrarse o tan sólo se pretenda dotar a un trabajo previo, de una externalidad positiva. Muchos de estos móviles, que ni por asomo son todos, pueden mezclarse y darse simultáneamente. El tratamiento que la Corte le ha dado en el pasado al instituto del amigo del tribunal ha estado imbuido de todas estas presunciones y teñido de desconfianza sobre el verdadero móvil que hace que el amigo ofrezca su consejo. Lo debatimos acá en “Amigos son los Amigos” y acá, en “Amicus: crónica de un consejo anunciado”. Hoy nos preguntamos si habrá cambiado su punto de partida con el nuevo y flamante reglamento que la Corte dictó esta semana. Corro el telón del tercer acto. Leer más »
En defensa de la inconstitucionalidad
El tándem Lorenzetti-Highton ha logrado, a través de una carta a la Cámara de Diputados (que contiene esta otra nota de la Junta de Presidentes de Cámara) que el oficialismo modifique los proyectos de democratización del Poder Judicial, en lo que hace a las facultades de administración presupuestaria y de personal (vid. post aquí). De todos los elementos inconstitucionales que los proyectos contienen (por ej., aquí respecto a las medidas cautelares) la Corte, ¡oh coincidencia!, ha abogado para que se revierta el que cumple con el mandato constitucional respecto al Gobierno del Poder Judicial -implementando los cambios legales necesarios para darle al Consejo de la Magistratura lo que el art. 114 le transfería desde 1994 y que la misma CS venía impidiendo desde esa fecha-. Y de todos los reclamos generales sobre la independencia judicial, ha elegido representar el que toca el verdadero núcleo de su poder corporativo. Toda una definición de lo que está en juego en esta reforma y de cómo la misma se termina separando de las preocupaciones de la gente que se congregó el 18 de abril. Por supuesto que hay explicaciones para este movimiento cortesano, pero la realidad habla más fuerte. La Corte defiende sus propios intereses, lo hace infringiendo la norma constitucional y, para lograr su cometido, condiciona su intervención futura para evaluar la legitimidad del resto de esta reforma y de asuntos tan relevantes e inminentes como la Ley de Medios. O sea, una verdadera definición de qué es y por donde pasa la independencia judicial para la Corte Suprema.
La Ley de Medios vuelve a la Corte: el gran desafío
Llegamos tarde para el comentario sobre el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal sobre la Ley de Medios. Sin mucho ton ni son, aparecen como excusa las dificultades propias de analizar una sentencia larga y compleja en sus aspectos técnicos, nuestra costumbre de no comentar decisiones de tribunales inferiores a la Corte y, más esencialmente, la necesidad de dejar sedimentar las pasiones, los contextos y las razones jurídicas en juego. Sin embargo, la distancia -creemos- nos juega a favor, ya que nos permite intentar una lectura del desafío al que se enfrenta la Corte Suprema que escape de la letra chica. En concreto, se ha analizado la sentencia de Cámara (vid. este post de Arballo y comentarios posteriores) desde el control de razonabilidad que ha realizado. Si el cable es diferente al espectro radioeléctrico, si la sustentabilidad económica de Clarín se encuentra verdaderamente en juego, si los informes periciales deben tener tanta incidencia sobre la decisión, etc., etc. Todas esas cuestiones están muy bien y dan mucho material para discutir, pero creemos que lo sustancial de la sentencia -que la Corte tendrá que revisar- pasa por otro lado. Leer más »
Sin cautela
El Aikido en su versión nacional y popular (pronunciado aqui-te-doy) se separa tajantemente de su madre nipona. En el lejano oriente la técnica pretendía neutralizar al adversario sin dañarlo ni humillarlo. Aquí, el único punto de contacto que conserva es el de utilizar la propia fuerza del agresor para redireccionarla en su contra. En materia de cautelares, el proyecto que el Poder Ejecutivo Nacional y Popular ha enviado a su bancada mayoritaria del Congreso se nutre fundamentalmente de las palabras que ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en particular en el marco del divorcio entre C y K. “…El proyecto de ley que se pone a vuestra a consideración tiende a concretar, en una norma jurídica, la más reciente doctrina asumida por el Alto Tribunal en relación con las medidas cautelares frente a las autoridades públicas del Estado Nacional” Mojada de oreja mezclando argumentos de actos propios con un declamado favor para apuntalar legislativamente al principio de ejemplaridad de los fallos de Corte. ¿Transporte benévolo de la doctrina cortesana? Para nada. Gordillo, siempre interesante, nos cuenta una y otra vez como al abrigo del derecho administrativo (nacido para limitar al poder) crecieron institutos de signo contrario, pensados para apuntalarlo. Este que aquí vemos, de las medidas cautelares, es un proyecto en la línea de lo que Gordillo muy bien critica.
Se viene el downsizing
Hace algún tiempo que la Presidenta había anunciado el comienzo del proceso de “democratización judicial” y ahora han salido a la luz los proyectos legislativos que lo pondrán en marcha. Nosotros habíamos reflexionado sobre el tema, aquí, y Gustavo Arballo, en su blog, había dado un pantallazo analítico a las medidas propuestas. Lejos de repetir lo dicho, en este post nos gustaría focalizarnos en los efectos de estas medidas sobre el diseño institucional de nuestra Corte Suprema. Ello supone dejar de lado los dos temas quizás más controvertidos (la elección por sufragio universal y directo de los miembros representantes de los abogados (3), jueces (3) y académicos y científicos (6) y la limitación de las medidas cautelares) para concentrarnos en la nueva arquitectura cortesana. Ella se produce como consecuencia de la traslación de funciones al Consejo de la Magistratura, de la creación de Cámaras de Casación como una instancia intermedia y de la imposición de normas de transparencia y publicidad. Intentando situarnos tras el velo de la ignorancia rawlsiano, veamos el encuadre constitucional de las reformas propuestas. Leer más »
Libertad de expresión en piloto automático
Siete años en el Tibet estuvo Brad Pitt. Igual tiempo para meditar tuvo José Luis Moslares en los despachos de Talcahuano 550. El pasado 26 de marzo, la Corte prendió el micro-ondas y descongeló una causa cuyos antecedentes fácticos datan del año 1995. Más allá de que parece que el Tribunal no ha entendido muy bien el mensaje que la Corte Interamericana le envío al sistema judicial argentino en el caso Furlan sobre el plazo razonable de los procesos, nuestra expectativa era que la espera hubiera valido la pena. Moslares es un abogado pampeano y habia sido objeto de una cámara oculta por un empresario que lo acusaba de gestionar un pago en negro por parte del Estado. El diario La Arena se hizo eco de este caso y publicó varias notas usando el material del video. Moslares -luego de que no prosperara la causa impulsada por el empresario Elizalde- adujo que su intimidad, su imagen y su honor se habían visto dañados. La justicia provincial le dio la razón y la Corte Suprema se tomó dos años y medio, primero y 7 y medio, después, para decirle que se había equivocado.
El matrimonio entre personas del mismo sexo ante la CS de EE.UU.: las audiencias
En tiempo y forma, según adelantábamos en este post, se celebraron las audiencias ante la Corte Suprema de EE.UU. respecto de la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los casos eran dos: en uno se discutía la constitucionalidad de una enmienda constitucional en California, lograda a través de un plebiscito (Hollingsworth v. Perry); en el otro (United States v. Windsor), el foco de atención estaba en la definición de matrimonio que daba una ley federal (Defense of Marriage Act, conocida como DOMA) y que hacía que la Sra. Windsor, que había heredado a su esposa -matrimonio reconocido por el Estado de Nueva York- , no fuera destinataria de la exención impositiva dispuesta en la DOMA y tuviera que pagarle U$S 365.000 al fisco. Como sabemos, en estas audiencias no se decide nada. Más bien, funcionan como los primeros movimientos de una partida de ajedrez en la que los participantes empiezan a mostrar para donde rumbean y los analistas empiezan a hacer predicciones. Desde nuestra perspectiva, nos sirve también para adentrarnos en el funcionamiento del instituto vis a vis nuestras propias audiencias públicas -declamadamente inspiradas en aquellas-. Leer más »
¿Futuro Perfecto?
Cuando la ola rompe fuerte y avanza, un reclamo a Neptuno para “que se mantenga y se impida” es un acto de fe. De todas maneras, el Sr. Rossi, devoto, invocó su protección. Recibió, no obstante, tres sacudones que lo dejaron planchado en la orilla. Comprobó de buena fuente que el agua no sólo revuelca sino que erosiona todos los sólidos que encuentra en su camino. El sólido con el cual el señor Rossi contaba era su derecho de propiedad sobre los aportes realizados bajo el sistema de capitalización. Confiaba en que por el juego de los artículos 54, 82 y 85 de la ley 24.241, nadie podría desconocer que los fondos de las jubilaciones y pensiones en el sistema de capitalización pertenecían a los afiliados y que constituían un patrimonio independiente y distinto del de la AFJP. Leer más »
Holdouts: ¿nadie es profeta en su tierra?
Default en el 2002 & canje o restructuración de la deuda defaulteada en el 2005. De ahí nacen los holdouts o los que no adhirieron al canje. Los hay domésticos y los hay extranjeros. Estos últimos, agrupados, han tocado a la puerta de diferentes tribunales. La de Griesa es la que más ha resonado en los titulares, ya que falló en contra de la Argentina. Sostuvo que el país les debe 1.330 millones de dólares a quienes han entablado la demanda. La Nación solicitó a la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de NY que quería un fallo en banc, es decir, de sus 13 miembros. Ayer le negaron esa solicitud y resta ver como le va con la apelación que resolverán sólo 3 jueces. Éstos ya le han pedido a la Argentina que antes del 29 de marzo , “someta por escrito al tribunal los términos precisos de una fórmula alternativa de pago y un calendario a los cuales está preparada para comprometerse”. En un mundo paralelo, unos holdouts locales recurrieron y llegaron a la Corte Suprema. Nadie es profeta en su propia tierra. En ese mismo 2005 de crecimiento a tasas chinas (ver aquí el informe del Min. Economía) la Corte resolvió que el tenedor de deuda soberana debe bancarse los cambios de reglas y condiciones que le imponga el deudor (Fallos 328:690). Apostillas de las opiniones de 5 Ministros que actualmente componen la Corte se desgranan a continuación para hacer este “flashback” comparativo entre lo que los jueces americanos pueden fallar y lo que los nuestros han fallado aquí. Leer más »
Reporter: mesa de saldos
![perro-con-periodico[1]](http://todosobrelacorte.files.wordpress.com/2013/03/perro-con-periodico1.jpg)
Movida en el plano político, las novedades jurisprudenciales que ofrece la Corte en marzo son pequeñas. El último fallo destacado es del 6 con lo cual aprovechamos para traer a la mesa esos fallos señalados como novedades pero que son como los juguetes aparatosos: al abrir el envoltorio, no logran cautivar al lector. Resumidos, aquí ponemos a prueba la máxima que sostiene que la brevedad mejora las cosas. Leer más »
El matrimonio entre personas del mismo sexo ante la CS de EE.UU.: la previa
Los próximos 26 y 27 de marzo, cuando nos estemos preparando para un larguísimo fin de semana -combinado de festividad religiosa y efemérides guerrera-, la Corte Suprema de EE.UU. celebrará dos largas audiencias sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. El primer caso que escuchará es Hollingsworth v. Perry, donde se discute la validez de la Proposición 8 de California. Esta consistió en un plebiscito convocado en Noviembre del 2008 por el cual se proponía (y se logró) reformar la constitución estadual para definir allí el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer. El segundo caso es United States v. Windsor, donde se discute la constitucionalidad de la Defense of Marriage Act, popularmente conocida como DOMA. Esta ley, sancionada en 1996 establecía que, a los efectos de la legislación federal y las ayudas y beneficios que otorgaba, el matrimonio era entre hombre y mujer. Al expandirse el matrimonio entre personas del mismo sexo, estas comenzaron a discutir dicha norma en base a que los trataba desigualmente y de ello se trata este caso. Los casos son complejos y se mezclan en ellos cuestiones de fondo -v.gr: tratamiento igualitario-, jurisdiccionales – quien tiene competencia para legislar sobre qué materia- y procesales -quien tiene legitimación para actuar ante la Corte. Tratemos, pues, de despejar un poco la maleza y así entender mejor lo que se va argumentar ante la Corte Suprema. Leer más »
Segundos Afuera
La frase, de ring-side, me parece pertinente para introducirnos en el pequeño ida y vuelta que han tenido estos últimos días el Sr. Jorge Daniel Domanico, Subdirector General del Servicio Administrativo y Financiero de la Procuración General de la Nación, y la Cra. Karina Ramos, Subdirectora General de Administración de la Corte Suprema. El primero está alineado en la causa por una “Justicia Legítima“ que su Procuradora General de la Nación emprende conjuntamente con el Poder Ejecutivo Nacional, contra todo lo que sea interpretado como una dificultad contra-mayoritaria (nace a la vida pública para contestar el comunicado que el 6 de diciembre pasado sacaron asociaciones de magistrados en el marco del divorcio entre el Grupo Clarín y el Gobierno). El frío final de año dio paso a un caluroso inicio donde la tensión entre Balcarce y Talcahuano se dirime en un teatro de operaciones armado sobre la necesidad de “democratizar” la justicia. Y es aquí donde el Subdirector Domanico, con espíritu colaboracionista, el pasado jueves 7 de marzo le envió una misiva al Secretario General de Administración de la CSJN solicitándole una reunión “…que permita examinar de manera conjunta la manera de proceder para la implementación del pago del Impuesto a las ganancias”. La pedía ante la eventualidad de que se modifique la Acordada CSJN Nro 20/96, la cual juzgaba aplicable a su jurisdicción. La respuesta, de sub a sub, llegó ayer, martes 13, señalándose que la Corte se dedicó el 2012 a estudiar el tema y que aún lo hace, pero que la Procuración General y el Ministerio Publico de la Defensa tienen amplia libertad para implementar el pago del impuesto a las ganancias en sus respectivas jurisdicciones, que no les aplica la acordada CSJN Nro 20/96 y que desde el año 1994 estaban obligados a actuar como agente de retención del impuesto. Las primeras escaramuzas formales nos dan un pie para abrir el debate sobre esta “pueblada” sobre el poder judicial. Leer más »
“Creo que fui testigo de ese diálogo” (casos Taboada Ortiz y Maciel s/constitucionalidad de las agravantes específicas).
El amigo Lahitou da cuenta, en el primer acuerdo del año, de dos votos opuestos entre sí de los penalistas de la Corte, Zaffaroni y Argibay, e imagina un intercambio de titanes. Creo que lo escuché. Leer más »
