Putallaz, Rosa y Bramajo. El complejo acto de juzgar no se resume en una mecanica aplicación de normas.

por Juan Lahitou

Putallaz (23-3-10) es un fallo sobre responsabilidad estatal por daños producidos como consecuencia de la deficiente prestación del servicio de justicia. Más precisamente, derivados de la prolongación indebida de la prisión preventiva (un total aproximado de 5 años). En lo medular, la Corte, remitiendo al dictamen del procurador, sostiene que el Estado incurre en responsabilidad “cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario” y, ejemplificando con el precedente Rosa (322.2683-1999), “cuando la denegación del beneficio de excarcelación se hubiera fundado en meras afirmaciones genéricas y dogmáticas, contradictorias con las concretas circunstancias de la causa.”

La Corte abre el caso por arbitrariedad. Le achaca al aquo (Sala III – C.Cont.Adm.) haber hecho lugar a la indemnización sin haber ponderado adecuadamente las situaciones que para la Corte configuran una deficiente prestación de Justicia. Sencillamente, una manera elegante de decir “no entendiste nada” o, mejor aún, no entendiste lo que dijimos en Rosa y Bramajo (319.1840-1996). Acto seguido pasa a explicarse. Abre su explicación con la cita realizada en el párrafo anterior, luego desarrolla cómo debe interpretarse el artículo 1° de la Ley 24.390 y concluye que la Sala III condenó injustamente al Estado Nacional, al no realizar un exámen pormenorizado de los antecedentes. La sentencia expone con claridad un principio irrefutable: el derecho no es apto para seguidores de manuales ni para los crédulos. Dos más dos puede ser cuatro, pero sólo después de un profundo y complejo examen.

Haga usted la prueba: el artículo 1° de la Ley 24.390 dispone claramente que “La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido contralor.” Ahora, si usted no es finalmente condenado pero estuvo detenido 5 años en prisión preventiva y cree que por eso ha sido víctima de una deficiente prestación del servicio de justicia, la Corte le dice rotundamente que no. El vencimiento de los plazos legales no descalifica, automáticamente, el servicio de justicia. Su deficiencia debe igualmente ser acreditada. En tal sentido, exceder los plazos legalmente fijados sólo será irrazonable a la luz del 319 del Código Procesal Penal; el cual dispone que “Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación , respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de  excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.”

En esencia, la Corte remite a las complejidades que entraña la materia ya evaluadas por ella en en el voto mayoritario (de 3) emitido en Rosa (v.gr. “conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delicuente”), y a lo que ha dicho en Bramajo, respecto a cómo interpretar el artículo 1° de la Ley 24.390. Juzgar implica ponderar circunstancias y valorar entre diferentes derechos. El juez no aplica mecánicamente la norma que dicta el legislador; construye, elabora, pondera y decide. Y de yapa, también encuentra una norma donde rascarse. Citando textualmente desde Bramajo, en donde la Corte desecha la interpretación literal del articulo 1° de la ley 24.390:

cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados en otro de rango superior y produzca consecuencias notoriamente disvaliosas, resulta necesario dar preeminencia al espíritu de la ley, a sus fines, al conjunto armonioso del ordenamiento jurídico y a los preceptos fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento normativo. De lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia (confr. doctrina de Fallos: 302:1284 y la jurisprudencia allí citada).

El fallo es saludable en tanto rescata la alta y compleja función que viene a cumplir el Juez. Pero, y acá siempre tratamos de encontrar un pero, en Putallaz hay lugar para plantearse la siguiente disquisición: una cosa es la compleja decisión del tiempo que un particular imputado debe permanecer preventivamente privado de su libertad, decisión ésta que no puede ser determinada a priori por el Legislador. Y otra cosa distinta es que el imputado que debe soportar esa carga, en exceso del tiempo máximo que objetivamente se considera razonable para concluir con la causa, no reciba luego ninguna compensación por la indebida prolongacion de su proceso con él bajo llave.

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8 comentarios to “Putallaz, Rosa y Bramajo. El complejo acto de juzgar no se resume en una mecanica aplicación de normas.”

  1. No comparto la decision a la que llega el fallo. Ademas no me parece adecuado citar a Gramajo que es un pesimo precedente (recuerdese que Maier dijo que despues de ese fallo solo quedaba cerrar la CSJN porque no servia para nada).
    La ley 24.390 reglamenta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el juez no debe interpretar mecanicamente esos plazos puede confrontarlos con las circusnctasncias de la causa, con la actitud del imputado, etc; pero para disminuirlos, el limite maximo (bastante amplio por cierto) lo fijo el legislador.
    No puede obviarse que los jueces abusan constantemente del encarcelamiento preventivo y que Argentina camina al filo del abismo en cuanto a responsabilidad internacional, la CS debio merituar estas cosas y tratar de enviar un mensaje.
    Coincido totalmente con la ultima parte del articulo, el estado debe indemnizar cuando encarcela mal.

    Saludos

    • Gracias por participar. Bienvenida una opinion que suma una perspectiva desde el derecho penal y de politica criminal. Te diste cuenta bien que encare el comentario basado primordialmente en los dos puntos que me interesó destacar: tecnica de interpretación judicial y responsabilidad del estado. Dejé en un segundo plano el debate de fondo sobre la extensión de la prisión preventiva y me alegro que hayas aportado una opinión en esa dirección.

  2. Juan Pablo, celebro la apertura de este blog. Me gustó el artículo. Creo que tu conclusión final abre, quizás, la puerta al debate de “como se corrige la falla del sistema”.
    Digo, el juez interpreta la realidad a la luz de las normas que tiene a mano. Supongamos que decide extender la prisión preventiva por mas de tres años. Ahí está asumiendo un riesgo y un rol. El riesgo del error (si el imputado termina siendo inocente, deberá el Estado indemnizar por el tiempo extra de prisión preventiva) y el rol de decidir como corrige una falla del sistema (“si dejo suelto a este tipo, por ahi delinque de nuevo y el daño a la sociedad es mas grave que la eventual indemnizacion posterior que deba pagar el Estado si me equivoco”).
    Por su parte, la aplicación literal de las normas llevaría a que, ante el error (es decir, liberar a un delincuente antes de de ser juzgado y que de ser juzgado hubiese terminado por ser encontrado culpable), la falla del sistema la carga la sociedad (o alguna parte de ella) de dos modos: (i) no fue educada frente al ejemplo de la penalizacion de delito; (ii) en caso de un nuevo delito por parte del mismo delincuente, sufre la falla.
    Veo que se abre ese debate, el que trata sobre como y quien debe corregir las fallas del sistema.
    Abrazo
    Joman

    • Joman. Gracias por el comentario. Efectivamente hay temas trascendentes de filosofia, que se tratan en clave de politicas publicas penales. Me subo a tu reflexión respecto a la posibilidad de cuantificar daño a la sociedad (si delinque de nuevo) vs daño al imputado (quedate adentro por si las moscas) y me planteo si es posible (moral) hacer esa comparación. (Que la hacemos todo el tiempo). ¿Hay cómo cuantificar el potencial beneficio -preventivo e hipotetico- que a la sociedad le produce que un imputado este adentro, por las dudas, todo lo que el bendito y lento sistema tarde, y al mismo tiempo cuantificar el potencial perjuicio que ello le significa al imputado? ¿Hay una medida común que los haga comparables? ¿Estan todas las variables relevantes incorporadas en la ecuación? ¿Es posible dañar a uno (inocente quizás) en beneficio preventivo de unos cuantos? (me parece que no entra ni en la eficiencia de Pareto) ¿Cuál es la medida de la carga -llamemoslo daño mejor- que estamos dispuestos a tolerar nosotros? Para mi, si sos inocente y estuviste adentro, la carga se asimila a una horrorosa tortura y habría que encontrar una manera de compensarlo. Estoy nadando en aguas extrañas. Alguién podría argumentar que la responsabilidad estatal va a desincentivar imputaciones, o que incluso podría armarse un espurio negocio. Mejor busco refugio en la costa. Cambio y fuera.

  3. Esta claro que tu intencion fue demostrar que el acto de juzgar es multidimensional y que la aplicacion del derecho no es pura logica. En ese sentido el post es muy bueno y claro.
    No obstante me parece importante remarcar que la solucion a la que arriba la CS es injusta y que se apoya en un precedente francamente bochornoso como es Bramajo (que se confunde con Gramajo que si es un buen precedente). Eso tambien debe tenerse en cuenta.
    Una cosa para destacar: Zaffaroni no abrio el recurso.

  4. Juan Pablo, el post está buenísimo. Respecto a la sentencia, coincido con los matices de interpretar pero un plazo máximo legal, es un plazo máximo. Y no debería haber “tu tía”, ni fallo “Putallaz” que valga.

    • Gracias Maria. Me gusta porque aca es donde se arma el debate irresoluble entre abogados. ¿hasta donde llega el respeto del juez a lo dicho por el legislador? Máxime cuando el juez va a encontrar argumentos serios y algúna norma positiva en donde apalancarlos. Me parece, a priori, que el juez debiera estar mejor preparado que el legislador para evaluar el caso por caso. También me parece, no obstante, que el legislador hace bien en ponerle un plazo que, si no se cumple, debería dar lugar a responsabilidad de algún tipo. Podría la responsabilidad servir de “castigo” o “incentivo” para apurar las causas. Suena como un granito de arena en el desierto, pero quizás empuja reformas más serias y necesarias para mejorar un sistema que hace agua.

  5. Buenas noches. Quiero comentarles como terminó este caso. La CSJN en el fallo que aquí se comenta decidió revocar la sentencia de la Sala III en lo Contencioso Administrativo y Federal, y decidió que conforme el art 16 de la Ley 48 la causa se remita a otra sala para que dicte un nuevo fallo.
    El expediente recayó en la Sala V del mencionado fuero. Los camaristas decidieron rechazar el planteo expuesto por la parte actora en cuanto refería a la indemnización por la prolongación de la prisión preventiva, pero sin embargo hicieron lugar respecto del pedido de indeminización por el maltrato sufrido por el actor durante el tiempo que estuvo detenido. Ante esta sentencia, la parte actora interpuso Recurso Extraordinario, por su parte el Estado hizo lo propio. Ambos recursos fueron rechazados y las partes acudieron en queja a la CSJN. Finalmente la CSJN decidió rechazar las quejas recursos basándose en el art. 280 del CPCCN.
    Seguramente el actor acudira a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más teniendo como precedente el informe 35/07 (http://www.defensapublica.org.ar/JURISDICCIONAL/Jurisprudencia/CorteInteramericanaDDHH/informe35del07_uruguay.pdf)

    Gracias a todos por su valiosa opinión.

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