El fallo “Massolo”. El nominalismo en los tiempos de la “tensión de precios”

La repercusión que ha tenido el fallo Massolo c/ Transporte del Tejar SA, CSJN, 20/04/10 se explica más por su contexto e implicancias, que por su contenido jurídico. En otras palabras: la respuesta al planteo del accionante se encuentra inequívocamente establecida por la ley, pero en un marco de desvalorización monetaria (si se prefiere, de “tensión de precios”) la justicia de la solución es discutible, y excede largamente los intereses comprometidos en este caso.

En una acción por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, el damnificado y la aseguradora suscribieron –a fines del año 2001- un acuerdo de pago en quince cuotas, pagaderas en pesos. Previendo una posible devaluación, establecieron una cláusula de acuerdo con la cual los pagos pactados debían ser suficientes como para adquirir la cantidad de dólares equivalente a cada una de las cuotas establecidas (es decir que acordaron pagos en pesos, pero ajustables al valor del dólar del día anterior a cada pago). Producida la devaluación, la aseguradora pagó los pesos pactados. El damnificado reclamó el cumplimiento de lo acordado y cuestionó la constitucionalidad de la ley 25.561 en tanto derogatoria de algunos aspectos de la Ley de Convertibilidad (23.928), obteniendo pronunciamientos favorables en primera y segunda instancia.

La Corte revocó el fallo con un argumento contundente: la ley 25.561 no modificó sustancialmente el principio nominalista y antiinflacionario establecido por el art. 7 de la Ley de Convertibilidad, de acuerdo con el cual –en su versión actual- “El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera sea su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley…serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto”. Por lo tanto, la cláusula contractual invocada es nula, y el pago de la cantidad de pesos nominalmente acordada extinguió la obligación de la aseguradora.

El problema está en que la persistente inflación determina que el paso del tiempo beneficie a los deudores -enriqueciéndolos sin causa- y correlativamente perjudique a los acreedores -afectando su derecho de propiedad. Por ese motivo, en procesos inflacionarios anteriores la jurisprudencia se alejó del nominalismo establecido por las normas, adoptando el “valorismo”, de acuerdo con el cual –como enseñaba Marco Aurelio Risolía- el deudor debe proporcionar al acreedor “una cierta utilidad”. Las cámaras nacionales con competencia en materia civil y en lo comercial dictaron en los años setenta sendos plenarios que aceptaban la indexación de las obligaciones (LL. 1977-B -186; ED. 74-463). La propia Corte sostuvo en aquellos tiempos que “…el aumento del monto nominal de la condena para compensar la depreciación monetaria no hace a la deuda más onerosa, sino que procura resguardar la equivalencia de los valores…” (“Bodegas y Viñedos Giol c/ Chielli Donado”, LL 1978-D, pág. 428).

Ahora la Corte hizo lo contrario mediante el voto de sólo cuatro de sus miembros, uno de los cuales acompañó la decisión con fundamentos distintos –lo cual, como bien señaló Adrián Ventura en La Nación, abre la posibilidad de un cambio de postura del Tribunal.

Los Dres. Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni señalan que la prohibición de actualizar o indexar y la fijación del valor de la moneda son cuestiones reservadas al Poder Legislativo, considerando que no están sujetas al control judicial. Es una afirmación muy discutible, ya que esas cuestiones pueden afectar derechos constitucionalmente protegidos.

Pero más cuestionable aún parece la afirmación de que “la moneda circulante…cumple la función de un bien económico insusceptible de ser regulado directa o indirectamente por la ley de la oferta y la demanda”. La moneda es también un precio de la economía, y si bien el Estado cumple un rol esencial en la fijación de ese precio (mediante políticas monetarias expansivas o contractivas) no parece razonable desconocer que el mercado también influye. Hace algunos años George Soros –sin autoridad estatal, sólo con dinero- pulseó contra el Banco de Inglaterra, y forzó la devaluación de la libra (posteriormente en Indonesia también lo responsabilizaron por una devaluación, pero no recuerdo si esta vez él se hizo cargo).

La solución del problema no es sencilla, porque la situación no lo es. Da la impresión de que lo que más pesó en el ánimo de la Corte es su intención de no alimentar el fuego inflacionario. Defender el nominalismo es –como señala el Tribunal- una forma de reducir la espiral de precios. Aún sacrificando parcialmente el derecho de propiedad de los acreedores (a quienes el Dr. Petracchi abrió algunas puertas, como la teoría de la imprevisión, el abuso del derecho y la frustración del fin del contrato).

Como bien señala Petracchi, ante la prohibición de indexar las obligaciones el reconocimiento judicial de tasas de interés más elevadas puede ser un buen paliativo.

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8 respuestas a El fallo “Massolo”. El nominalismo en los tiempos de la “tensión de precios”

  1. La Bruja dijo:

    Flaco, felicitaciones por el post. Concuerdo 100×100 con el análisis. Impecable.

  2. VTC dijo:

    Muy buen post, Gonzalo.
    Me queda dando vueltas tu crítica a la declaración de no judiciabilidad de la fijación de la moneda, que hace el fallo en su considerando 13. Acá aplican la vieja formula de deferencia hacia el legislador y vos decís que ello es discutible. Estoy de acuerdo con los dos. El principio, como señala la Corte, deberia ser la deferencia y el límite la afectación de derechos individuales. De hecho, eso es lo que la Corte hace constantemente al revisar medidas legislativas y administrativas. Por eso, creo que la cuestión se reduce a como el Tribunal utiliza retóricamente el principio (en este caso, lo refuerza porque no cree que haya derechos individuales afectados; en los que cree que los hay, se va a apoyar en esa afectación para discutir la norma). Así es como funciona a nivel discurso, pero me parecería saludable que la Corte tuviera más cuidado al enunciar pomposamente principios generales que su propia jurisprudencia se empeña en desmentir, vaciándolos de contenido real.
    Una cuestión final: ¿por qué nos tenemos que ir acostumbrando a qué en cuestiones importantes, la Corte funcione con 4/5 miembros? Acá el fallo lo firman 4 ministros, con el “según su voto” de uno de esos 4 (Pettrachi). No se hace ninguna mención a por qué los otros Ministros no firman, con lo cual se abstenen de fijar posición en temas en los que deberían hacerlo. Esto es algo que se viene repitiendo bastante y podríamos decir que a esta altura es una práctica habitual de esta Corte. Se puede entender en un 280, pero no en una sentencia de fondo.

    • Gonzalo M. Tobías Córdova dijo:

      Me parece sugestivo que Lorenzetti (comercialista) no lo haya firmado, y Zaffaroni (penalista) sí.

  3. Sebas R. dijo:

    Muy bueno el post. En especial la referencia a “Bodegas Giol”. La Corte pareciera pensar (al igual que el Ejecutivo) que es posible contener la inflacion con medidas extraordinarias que distorsionan las relaciones de mercado. Curiososo, en una Argentina que ya debería haber aprendido las consecuencias de esas politicas. Lo cierto es que la Corte ha sido muy renuente a declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas que son “contenedoras” del modelo (la decision de “Candy” respecto del ajuste por inflacion, y de otras que brevitatis causa me guardo, son un buen ejemplo de esto).

    • Gonzalo M. Tobías Córdova dijo:

      Tengo la misma impresión, creo que la Corte viene cuidando especialmente los efectos económicos de sus decisiones.

  4. Nicolobo dijo:

    A mi modesto entender este fallo nos hace retroceder treinta y cinco años en materia de protección del derecho de propiedad. La ambición legislativa de pretender tapar el sol con las manos es absurda, tanto como la de la Corte en tratar de sostenerlo.
    Si hay inflación (que la hay, lo reconoce el mismo gobierno al publicar entre en 8 y un 9 anual por lo menos desde 2003 -es decir más del 56% desde entonces-) no permitir el ajuste equivale a la pérdida del derecho de propiedad de los acreedores. No voy a repetir acá toda la perorata de la década del 80 cuando los tribunales unánimemente reconocieron, después de una larga lucha de los acreedores, la pérdida del capital por los efectos de la inflación. Pretender que la tasa de interés compensa dichos efectos es síntoma preocupante de una ignorancia supina de las cuestiones financieras. Nadie pacta un interés de BADLAR + 4 para el caso que el deudor no pague el alquiler a fin de mes. Por otra parte, los efectos de la inflación pueden ser MUCHO mayores que la previsión de interés. Finalmente, con una justicia que fija topes al interés pactado se termina de destruir el derecho de propiedad: el interés moratorio opera como disuasivo del incuplimiento. Si me limitan la tasa y al mismo tiempo no me dejan indexar, ni Mandrake va a poder fijar el precio de bienes y servicios.
    O sea, como dije al principio: retroceso treinta y cinco años en la materia, producto de una Corte COBARDE en temas económicos y financieros; ya lo demostró con Bustos demorando cinco vergonzosos años la solución de la pesificación y encima sin pronunciarse derechamente sobre su constitucionalidad, aplicando cronoterapia en un fallo que necesitó de otro (Kujarchuk) para poder entender como se hacían los numeritos. Un horror más para una Corte que no me merece el menor de los respetos en estos temas. Igualmente, no se podía esperar mucho de esta gente, la Corte no es una isla en el panorama social.
    Cheerz, N.

  5. Nicolobo dijo:

    Agrego unos tema más:

    1. Industria del Jucio: que la CSJN se prepare para reeditar la industria del juicio en Argentina, porque la tasa de interés que reconocen los Tribunales estimula el incumplimiento. Los deudores patearán y chicanearán el juicio todo lo que puedan para poder dilatar el pago, y el cumplimiento de las sentencias de dar sumas de dinero se va a dar cuando llegue el mandamiento de constatación para el remate. La Corte parece no haberse dado cuenta que está frente a una opción de hierro: o convalida el ajuste del capital adeudado (y por lo tanto las convenciones que traten el tema) o impulsa la industria del juicio en la Argentina. En este caso, me parece que la CSJN se mordió la cola. Muchachos, esto YA PASO en Argentina, como en tantos temas, estamos volviendo pa’tras.

    2. En el caso concreto, soluciones como la planteada por la CSJN, no impiden que las partes que miran de afuera el caso -y esto es un mensaje para los abogados que leen la sentencia lleguen al mismo resultado por otra vía. En el particular se debatía la constitucionalidad de la llamada cláusula dólar. Al no convalidarla, es mejor entonces plantear los contratos directamente en USD (la ley de convertibilidad modificó el CCiv para que los contratos en moneda extranjera no sean deudas de valor sino de dar sumas de dinero) y eventualmente, con el consentimiento del acreedor, el deudor podrá cancelar en pesos. El resultado es exactamente el mismo y no existe agravio constitucional. Porque entonces la CSJN no tuvo esta “realidad económica” en cuenta.

    3. Como bien señala Paolantonio, habrá intervenido la Unidad de Análisis Económico del Derecho creada por la Corte Suprema de Justicia, mediante Acordada 36/09? No era este un tema en el que, justamente, debería haber intervenido?

    4. Otro tema que liminarmente señala Paolantonio: orden público? Porque? la Corte no hace el más mínimo análisis sobre el particular el considerando 10 es vergonzoso por carente de fundamento, dogmático y por tanto arbitrario.

    5. Paolantonio tiene otras consideraciones, con las cuales coincido, véanlo en http://lawyeco.blogspot.com/2010/04/indexacion-y-corte-suprema-massolo.html

    Cheerz, N.

  6. Gonzalo M. Tobías Córdova dijo:

    Como vos decís, el nominalismo en un contexto de inflación alta premia a los deudores, y por lo tanto va a aumentar la litigiosidad y a estirar los juicios (aunque no es lo mismo, tu comentario me hizo acordar de los efectos que tuvo sobre muchos juicios la invocación de la ley de desindexación o Martínez Raymonda). Y también creo -como vos- que en este estado de cosas lo mejor es tratar de pactar los pagos en moneda extranjera. Y que si -como parece- el proceso inflacionario continúa, la justicia terminará no sólo convalidando cláusulas de ajuste, sino además concediendo actualizaciones no pactadas, para evitar la aniquilación del derecho de propiedad de los acreedores. Gracias por el comentario y por los aportes que contiene.

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