Ley de Medios: orden en la sala

por VTC

El final de este capítulo de la novela “Ley de Medios” nos presenta a la Corte Suprema asumiendo un papel institucional que hace rato le veníamos reclamando. Esta es para nosotros la principal novedad del fallo que ayer emitió el Tribunal en la causa “Thomas, Enrique c/ Estado Nacional Argentino s/ amparo”. ¿Es que acaso no lo había hecho antes? Sí, sin dudas, pero no con la contundencia que le dan dos características de esta sentencia: la oportunidad y el énfasis institucional. El Tribunal en este caso habla sobre un caso concreto, de relevancia directa. No manda mensajes subrepticios para el futuro ni decide cuestiones casi archivadas: resuelve una controversia actual y, al hacerlo, reafirma su relevancia en el sistema. Sobre todo, porque lo hace desde una posición equidistante respecto a los intereses en conflicto, autorestringiéndose al punto en discusión y dando directivas claras a los jueces inferiores. Es decir, sale de un brete complicado, con una posición institucional no teñida de énfasis estratégico -lo que no quiere decir que no tenga estrategia, obviamente, pero sí que ésta no califica toda la actuación del Tribunal. Dicho esto, adéntremonos en el fallo, que deja varias certezas y algunas dudas (entendibles, en cierto sentido, por tratarse de un proceso cautelar en el que el conocimiento de las cuestiones es acotado).

En primer lugar, la posición institucional de la Corte Suprema. El Tribunal tiene algo para decir aquí y quizás no lo diga totalmente de motu propio (como sosteníamos aquí) pero lo hace bien. Para ello, al inicio del fallo, da dos conceptos importantes. El primero, delimitando el objeto de su actuación. La cuestión planteada, nos dice, “no se relaciona con la valoración constitucional de la ley 26552 sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de sus efectos….” (considerando 2do). Terreno marcado, entonces. El segundo, dando cuenta de por qué va a hacer una excepción al principio de no tratar medidas cautelares -por no ser sentencias definitivas a la luz de la procedencia del Recurso Extraordinario-. Aquí la Corte hace uso de una doctrina que tenía olvidada y que se guarda muy bien de no relacionar con los precedentes anteriores: la gravedad institucional. La Corte ya venía amagando con la idea del “interés institucional” de sus pronunciamientos y aquí profundiza -sucintamente- en esa idea.

¿Cuál es el motivo de la gravedad institucional? Dicho simplemente, en versión libre del fallo, que pueda venir cualquier juez y suspender (o hasta anular) la totalidad de una ley del Congreso. Eso es contrario a nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso, porque la esencia del mismo está en la imposibilidad de hacer una declaración erga omnes como la que hicieron los jueces inferiores. Didácticamente, la Corte explica las diferencias entre el sistema difuso (y concreto) y el concentrado (y abstracto) y nos dice que no se puede tomar lo mejor de los dos mundos (considerando 8vo). Lo que el fallo hace aquí es recordarnos algunos principios básicos de nuestro sistema constitucional que, paradójicamente, nuestra propia evolución jurídica pudo poner en duda. Nos explicamos: hace dos décadas hubiera sido difícil encontrarnos con una situación como la planteada en este caso. Ningún juez hubiera creido posible suspender erga omnes la vigencia de una ley. En el medio, los procesos judiciales urgentes se expandieron, las acciones declarativas aparecieron así como las inconstitucionalidades de oficio. Nuestra Constitución receptó ampliamente el amparo y otorgó una legitimación extendida para promoverlo. ¿Justificaciones? No, pero sí una contextualización que explica porque la Corte tiene que poner los límites a la actuación judicial. Entenderíamos mal la situación si pensamos que estamos ante una situación estrafalaria y la cantidad de cautelares dando vuelta sobre este mismo tema nos eximen de mayores comentarios. La Corte Suprema dice “sólo hasta aquí”.

De modo muy interesante, la Corte no abjura de esos procesos de los que ella misma es parte y, en muchos casos, impulsora. Por el contrario, los pone en contexto y esboza principios interpretativos claros para los jueces. Por un lado, no se le puede escapar a un magistrado la relevancia institucional de una decisión. Habla así de “la significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes y el modelo de control de constitucionalidad”. Muchachos, tenemos que ver las cosas con perspectiva institucional y actuar con la prudencia propia de nuestra posición (self-restraint, que le dicen). Por otro lado, el principio de razonabilidad no corre solamente para los otros poderes, sino que también rige para el Poder Judicial. En este sentido, “los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada que logre obtener una realización del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento jurídico” (considerando 9no). En este caso concreto, consideran los Ministros que la medida precautoria en discusión es irrazonable porque: 1) no es proporcionada a la naturaleza y relevancia de la hipotética legitimidad , y 2) porque una medida con tales implicancia debe ser analizada con “criterios especialmente estrictos”, que la Cámara no aplicó.

En el medio del sandwich argumental, la Corte se dedica a analizar los distintos sombreros (legitimación) que se puso el diputado Thomas. Como ciudadano, nos dice, no tiene “un interés especial, o directo, inmediato, concreto o sustancial que permita tener por configurado un caso contencioso” (considerando 4to, 1er parr.). Aquí aprovecha la Corte para descartar la posibilidad de una acción de clase en la línea de Halabi, pues “sólo una lectura deformada del mismo… puede tomarse como argumento para fundar la legitimación del demandante” (considerando 4to, 4to parr.). Como legislador, “no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de mayorías y minorías respectivas…” (considerando 5to, 5to parr.). Esto cambiaría en el caso de que, como legislador, pudiera demostrar la afectación de un interés concreto y directo (doctrina Gómez Diez). En esta causa, dice “que no se observa en el sub-lite la afectación a un interés personal del actor”.

Este es, a nuestro entender un punto flaco de la sentencia. El voto mayoritario ( Fayt, Highton, Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni) liquida en esta frase la posibilidad de un control al procedimiento legislativo. No dice que sea siempre improcedente, pero sí en este caso.  El voto de Petracchi, en su considerando 4to, se ocupa especialmente de refrendar la doctrina de la Corte respecto a que la revisión del procedimiento de sanción y promulgación de las leyes entra dentro de su órbita competencial. La cuestión nos deja un mal sabor de boca, porque las alegaciones de Thomas y los fallos revocados hacían una expresa mención a cómo sus derechos como legislador se habrían visto afectados por los vicios en el procedimiento. La Corte lo resuelve sin argumentar demasiado y es posible que así sea por los límites al conocimiento judicial de un proceso cautelar. Pero ello nos genera dudas respecto de la voluntad de esa misma Corte de entrar en ese terreno. La cuestión no es menor, ya que uno de los extremos a evitar es la “sobrejudicialización” de la política pero el otro es la vulneración de los derechos de las minorías legislativas. Queda pendiente un debate que en otros sistemas, como el español, ha tenido un desarrollo extensísimo (Vid. artículos de Navot y Aguiar de Luque).

La Corte ha hablado y creemos que lo ha hecho con el tono justo. Es consciente de que el partido recién comienza y ha dado pruebas de ello al declarar procedente, por la vía ordinaria, la demanda planteada por la Provincia de San Luis. En los medios, por su parte, la batalla ya está en su segundo capítulo. ¿Subsisten las otras medidas cautelares generales? ¿Qué actitud deben tomar los distintos actores? Algunos refuerzan la vigencia de las mismas (vid acá y acá) mientras que otros sostienen que los actores deben desistir. El escenario aparece incierto pero, al menos, los jueces tienen directivas que seguir.

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8 comentarios to “Ley de Medios: orden en la sala”

  1. Interesante nota del sitio de la Corte.

  2. Muy Buena la nota. Pero, una pregunta. En Salta también se dictó una medida cautelar atendiendo un planteo que dice que se violó el reglamento de la cámara de diputados.
    Más allá de eso, el caso está durmiendo en la Cámara de Apelaciones y la actora sostiene que por más que la Corte dicte nuevos fallos, la ley de medios va a seguir suspendida mientras no salga de su provincia. Algo que juzgo inverosímil.
    Además, en ese caso la Cámara salteña pasa a jugar un rol político… El punto es si la Corte tiene mecanismos para fallar en forma genérica para habilitar o trabar la ley aunque no hayan llegado la totalidad de las cautelares.

  3. No, Miguel, creo que la Corte no tiene esos mecanismos, justamente por las mismas razones que especifica en este fallo. Sus decisiones requieren de un caso y valen para esa controversia, no pueden ser erga omnes. En ese sentido, la sentencia tiene algo de paradojal.
    Respecto de la Cámara Salteña, creo que efectivamente la cuestión pasa a otro plano donde seguramente habrá otro tipo de presiones y discusiones. Acá también se va a jugar la legitimidad de la Corte, viendo si su decisión en “Thomas c/ENA” es seguida y acatada por los tribunales inferiores involucrados o si estos la ningunean (aunque lo veo difícil)

  4. Como siempre, muy interesante el comentario.
    En la contextualización que vos hacés, VTC, marcás muy bien que en este caso la Corte parece querer delimitar un poco el alcance de desarrollos jurisprudenciales recientes de carácter “progresivo” (p.ej.: “Halabi” y las acciones de clase). Pero quizás este caso y esta situación sean un buen llamado de atención para que, de aquí en adelante, la Corte empiece a anticipar que sus doctrinas “progresivas” (y bienintencionadas) corren el serio riesgo de ser malinterpretadas por los tribunales inferiores (y también por los litigantes, pero bueh… a veces de eso se trata el litigio).
    Entonces, en lugar de mostrar la carta “linda” al principio, para tener que “recortarla” después, ¿no sería sensato que la Corte sea más enfática en los límites del alcance de sus doctrinas “progresivas” en el mismo momento en que dicta la sentencia que “sentará un precedente”?
    Ahora me viene a la mente, como ejemplo, el caso “Portillo” en el cual, si no recuerdo mal, la Corte reconoció que por motivos religiosos una persona creyente podía objetar por razones de conciencia la obligación de usar armar durante la realización del servicio militar, pero aclaró expresamente que la situación sería distinta si la Argentina estuviese en guerra con otro país.
    En fin, se me hizo largo el comentario.
    Saludos!

  5. PAC: gracias por el aporte. Me parece muy interesante el punto que destacás. Creo que es una cuestión de madurez institucional, ya que esta da mayor perspectiva a la actuación del Tribunal. O sea, cuando la institución está bien asentada empieza a ser más reflexiva respecto de los procesos que protagoniza. En ese sentido, no veo que esta Corte sea totalmente consciente del papel que ocupa y del impacto a mediano plazo de sus doctrinas. Con sus más y menos, me parece que va solucionando problemas circunstanciales pero no termino de ver una estrategia de largo plazo bien definida y consistentemente aplicada. Es como si siguieran haciendo pie….
    El caso Portillo es bien interesante, porque la Corte de Alfonsín (por llamarla de algún modo) era muchísimo más consciente de la labor de construcción institucional que estaba haciendo (eso se ve, por ejemplo, en sus repetidas referencias al tiempo de reconstrucción democrática que se estaba viviendo, etc).

  6. Muy interesante el comentario. Coincido en que el rechazo de la legitimación basada en la condición de legislador del actor no está suficientemente fundamentada.
    Pero hay otro aspecto del fallo que a mí también me “hace ruido”: la afirmación tan rotunda y definitiva de que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes nin nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860″. Mi impresión es que “Halabi” (considerandos 21 y 22) decía lo contrario, frente a casos donde se debaten derechos de incidencia colectiva.
    Me gustaría conocer tu opinión sobre este punto.

  7. Excelente punto, Ignacio. Me parece claro que la Corte hace aquí una afirmación tajante porque tiene que poner un freno a algo que, como sugiero en el post, se le fue de las manos. Me refiero con esto a la dinàmica propia que van tomando las intervenciones judiciales en el ámbito de las políticas públcias (aunque ella misma haya sido, en gran medida, la que lo desencadenó con casos como Halabi). Lo que voy a decir ahora requiere seguramente mayor argumentación y desarrollo, pero creo que es asï: la Corte pone en blanco y negro dos sistemas de control de constitucionalidad como si fueran mutuamente excluyentes, pero hay varias instituciones (la mayoría creadas jurisprudencialmente) que están sobre la lìnea divisoria. En otras palabras, hoy en dìa tenemos un sistema de control de constitucionalidad muchísimo màs matizado que el que la Corte presenta para resolver este caso. Dicho esto, me parecía difìcil que entrara, en el marco de una acción cautelar, a hacer estas disquisiciones, amén de que las suspensiones cautelares de leyes con carácter erga omnes no me parecen institucionalmente sanas. O sea, coincido con el sentido esencial de la decisión cortesana. Pero es claro que hay mucho “ruido” argumentativo, como vos muy bien señalàs y que merecería un anàlisis màs detallado.
    Una punta interesante para pensar el tema (desde otra perspectiva): la Corte parece expandir los remedios procesales cuando se encuentran en juego derechos individuales (v.gr: Halabi, caso Riachuelo, caso Verbitsky y muchos otros) pero cierra la canilla cuando tiene que evaluarlos en causas de caràcter institucional, donde se involucra la división de poderes (lo cual explicaría la contradicciòn que vos señalàs). O sea es expansiva-progresista en el tratamiento de los derechos individuales, pero restrictiva-regresiva en la interpretaciòn de sus propios controles sobre los actos de otros poderes. Interesante, ¿no?

  8. VTC, muy buen post y sesudos comentarios. Sobre el doble estandar, eso me preocupa xq en algun punto esos universos se tocan y alli se produce un choque. Massolo, x ej.
    Cheerz, N

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