Horacio M. Lynch: “Nuestra Corte ¿es Suprema?”

NOTA DE TODO SOBRE LA CORTE: Agradecemos la colaboración del Dr. Horacio M. Lynch. Con esta nota inauguramos un grupo de reflexiones realizadas por Invitados Especiales, que tienen por objeto realizar un balance de la actuación de la Corte durante el año 2010.

Aunque conserva el nombre, desde hace años nuestra Corte no es Suprema: dejó de ser el tribunal de última instancia, perdió poder con el Consejo de la Magistratura, se desgajó el Ministerio Público y no intentó cambiar viejas prácticas que la disminuían como poder – como la reglamentación de los Códigos de Procedimiento, la designación de magistrados y el presupuesto -. Por otro lado no se siente suprema aceptando ser desairada en sus resoluciones. Y hasta uno de sus integrantes propone crear un Tribunal Constitucional.

 Si antes podía cuestionarse la calidad de suprema de la Corte, luego de la reforma constitucional de 1994 definitivamente la perdió.

Ya antes, en 1984, al admitirse un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], para bien y para mal, nuestra Corte dejó de ser el último tribunal de la República. El cambio mejoraría el control de los derechos humanos, pero a costa del sistema republicano, afectando los clásicos check and balances del mecanismo de relojería norteamericano que comprende tres poderes de igual peso con controles entre sí. No encuentro estudios que analicen esta objeción (“el efecto desarmadero”) aunque algo se insinúa en los recientes comentarios del blog, aquí. En concreto, el recurso ante la CIDH es tan amplio que admite casos tan disímiles como de tasa de justicia, de honorarios o de jubilaciones. Pero imaginemos, porque teóricamente los abarca, temas institucionales de elecciones de legisladores, intervenciones a provincias  o el juicio político a jueces de la Corte, que pueden pasar a ser resueltos en Washington. Para peor, la jurisprudencia de la propia Corte alienta una interpretación abarcativa de los tratados. Pacto ratificado en 1984, pero afianzado constitucionalmente en 1994.

Dicha reforma de la Constitución genera los “órganos extrapoderes” que sin duda impactan en todo el sistema, pero el más afectado resultó ser el Poder Judicial, y su cabeza, la Corte, al dejar fuera al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, cada uno con presupuesto propio. Increíblemente, pese a que el Procurador es un órgano ajeno al Poder Judicial y no integra ya el Alto Tribunal, la Corte conservó la práctica de consultarlo, y, aun más extraño, tomar sus dictámenes como sentencias configurando una anomalía que señalé en varios trabajos. Lo trato, por ejemplo, en “El recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y en “¿Quién dicta los fallos de la Corte?” En síntesis, el Poder Judicial presidido por una Corte que se denomina “Suprema” pasó a ser algo más reducido, y con menos poder y presupuesto.

A ello contribuyó, naturalmente, la creación del Consejo de la Magistratura. Su incorporación  recortó las facultades de la Corte al extremo de discutirse si teníamos un poder bicéfalo, aunque el Alto Tribunal siempre reivindicó ser la única cabeza del Poder Judicial (sobre este tema, al contrario de los anteriores, se ha escrito mucho).

Los cambios son de tal envergadura que descalifican el calificativo de Suprema. Pero hay más.

Prácticas no renovadas

Tampoco se ha procurado remover viejas prácticas que desde antiguo le han restado poder. Una de ellas es la designación de magistrados. Nuestra Constitución disponía un sistema de designación que fue sobrepasado por la práctica. Una cosa es designar a un juez por el procedimiento constitucional y otra que tal designación sea para un Juzgado o Cámara determinado: hasta para pasar de una Sala a otra se requería el acuerdo del Senado. Esto, además de multiplicar innecesariamente las genuflexiones de los jueces ante el PE, resta poder a la cabeza del Poder Judicial, pues es quien debe saber cuál es el mejor juez para cada destino, y debe poder manejar el principal recurso – los recursos humanos – con mayor eficiencia. Así la política de las designaciones, y no ya las designaciones, quedan en manos del PE. En mi interpretación, basta con la sola designación de magistrado para cubrir la prescripción constitucional (todo el resto es poder ganado a la Corte). Como si en la FFAA o aun en el servicio exterior de la Nación la designación de sus jerarquías (por un procedimientos similar) impidiera a la cabeza cambiarles el destino. Ahora, con el Consejo de la Magistratura, la cuestión se mantiene pues la Constitución no prescribe que la designación sea puntual para un Juzgado o Cámara determinado, ni que tenga que ser nuevamente seleccionado. Una característica de un poder del Estado que se considera supremo es, como mínimo, poder utilizar sus recursos con eficiencia.

Otra cuestión se refiere a la reglamentación de los Procedimientos. Si bien la Constitución deja en manos del Congreso el dictado de tales códigos en el orden local, el problema está en determinar qué corresponde a la ley procesal y qué a un reglamento. No es difícil hacer esta división que preveía la Ley 48. Asi lo expuse en el X Congreso Nacional de derecho procesal en 1978 en Salta, mediante ponencia titulada “La simplificación de las leyes de procedimientos (y su reglamentación por el poder judicial)”. Últimamente se discutieron estas facultades pero la Corte lo reivindicó al reglamentar el recurso extraordinario. El mismo detallismo de nuestros Códigos es innecesario y excede lo que debe ser un código. Similar exceso se advierte a la Ley de concursos y las quiebras, que los regula hasta en sus mínimos detalles, con el evidente error de no distinguir entre un proceso que se tramita en Capital y otro en Orán. No hay error en la Constitución sino en la forma como se interpreta qué es la ley. Este tema, que en los EEUU se ha superado porque el Congreso delegó en el PJ el dictado de las leyes procesales, aquí sería posible reduciendo el concepto u objeto de la ley procesal, y dejando que el PJ lo reglamentara. Por otro lado es la mejor forma de que los códigos no se desactualicen, a diferencia de lo que ocurre hoy día.

Está el tema del Presupuesto. Aquí la Corte reivindica sus facultades, pero no estoy convencido que sea así pues es el Congreso quien revisa los presupuestos. En todo caso, la experiencia de los años ‘80 no fue muy positiva. Por otro lado insisto que antes de pedir nada, el Poder Judicial tiene que dar muestras de eficiencia. Posiblemente con todo en orden y con sus autoridades actuando responsablemente, sea normal que maneje su presupuesto.

Finalmente, la creación de la policía judicial de la que se hablaba hace dos décadas ha sido olvidada por el Alto Tribunal.

Entonces un Poder que ya no es la última instancia de la República, que ha sido injertado con un órgano como el Consejo de la Magistratura integrado por personas ajenas al mismo y por representantes de los otros poderes, que no puede manejar sus recursos humanos, ni ocuparse de la administración, ni distribuir un presupuesto, difícilmente pueda considerarse supremo. Un poder que no puede, sin ser cuestionado, imponer un formulario para la presentación de un recurso, no tiene nada de supremo (dentro de la misma Corte se cuestionaba esta facultad).

Considerarse suprema

Finalmente considero que la Corte debe sentirse suprema, y no se siente quien sólo se considera tal por razones protocolares, o para reclamar su presupuesto, pero no para dejarse desairar. Si Kirchner hubiera sido un particular y no el gobernador de Santa Cruz cuando la Corte le ordenó reponer al Procurador Sosa, ya estaría preso por desobediencia, o abrumado por las astreintes. En cambio el Alto Tribunal sigue quejándose sin tomar el toro por las astas. ¿Y qué decimos cuando vemos que la ANSSES se ríe de las órdenes de la Corte, y aun el PE de los compromisos que tomó en Washington ante el CIDH dejando que los juzgados se derrumben?, ¿qué criterio autoriza a no considerar al PE como un particular? Recordemos cuando los jueces y la Corte tomaban decisiones muy audaces en la época del corralito contra los bancos, pero se guardan bien de hacerlo ahora.

La lista no acaba aquí: increíblemente algún conspicuo integrante como Zaffaroni aboga por un Tribunal Constitucional en la Argentina, cuestión esta que no solamente terminaría por desbaratar el sistema republicano de gobierno, sino que, además, despojaría al tribunal del último vestigio institucional que le queda, reduciéndolo al rol de un simple tribunal de justicia. ¿Habrá reflexionado sobre lo que implica?

No, nuestra Corte ya no es Suprema. Es un Poder del estado de segundo orden, muy por debajo del PE y del PL. Restablecer el rol y el equilibrio de los poderes es una tarea crucial para pensar en vivir el sistema republicano.

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5 respuestas a Horacio M. Lynch: “Nuestra Corte ¿es Suprema?”

  1. Carlos dijo:

    En 1983 el presidente de Fores Horacio M. Lynch, publicó en la revista del Colegio de Abogados un elogio de la justicia sudafricana del apartheid y de “la férrea posición anticomunista de su gobierno, jaqueado por vecinos entregados a la órbita soviética”. A la derecha de la propia dictadura, en 1983 Fores cuestionó el Documento Final firmado por la última Junta Militar, porque no analizó “las razones de la renuncia a las vías legales para reprimir”. Con toda coherencia reclamó la estabilidad de los jueces designados por las Fuerzas Armadas y llegó a sostener que “jamás los jueces actuaron con tanta libertad como durante el Proceso de Reorganización Nacional”. En 1985, Fores publicó un libro reivindicativo de la represión ilegal titulado Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que afirmó que “los maestros que envenenan la mente” son los responsables cuando un grupo armado “arranca a un muchacho de su casa y lo acribilla a balazos”. Quienes hoy escriben “en las paredes consignas terroristas, morirán abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Estos solos serán los asesinos?”.

    Diario P12

    Me parece que despues de escribir estas lineas Lynch deberia llamarse al silencio y dedicarse a cuidar los nietos.

    Es obvio porque critica la Corte IDH y porque critica al Maestro Zaffaroni.

    En fin me parece correcto aclarar desde donde escribe esta persona. Lynch defiende intereses muy poderosos, por eso dice lo que dice, es inutil esconderse bajo una pretendida asepsia cientifica.

    • VTC dijo:

      No me parece que los argumentos “ad hominem” nos sirvan demasiado para discutir la actuación de la Corte Suprema, ni expliquen las posiciones que defiende este post. El objetivo de esta sección es hablar sobre la Corte Suprema y propongo que, respetando la libertad de posiciones, nos dediquemos a ello.
      Atentos saludos.

  2. hespana dijo:

    Con todo respeto, no comparto para nada el enfoque y el tono del art. de Horacio Lynch.
    1) En el 99.9% de los casos que resuelve, la Corte sigue siendo “suprema” porque no hay desobediencia de los fallos y los interesados no llegan a la CIDH.
    2) Me parece por lo menos una boutade afirmar que la posibilidad de acudir a ese tribunal internacional afecta el sistema de frenos y contrapesos, que además en Argentina lejos estuvo de ser perfecto como lo sugiere el autor -un solo ejemplo demuestra mi punto: la acordada convalidatoria del golpe del 30′-.
    3) Si bien las funciones del Consejo no son demasiado claras, en los últimos tiempos la Corte dejó bien en claro quién es la cabeza del PJN. Por caso, la Corte es que la maneja toda la política de contratos de empleados y funcionarios en todos los tribunales inferiores -que son muchísimos, en la Sala en la que trabajo somos tres sobre cuatro los funcionarios contratados-.
    3) Tampoco veo cómo la creación de órganos extra poderes como el Ministerio Público debilita a la Corte. Y además, el dictamen previo no es un capricho, la ley 24.946 lo exige en ciertos casos .
    4) No entiendo la objeción sobre la designación de los magistrados. Pero en cualquier caso, la Corte ejerce el control sobre los jueces inferiores por vía disciplinaria y obviamente al tratar los recursos contra sus sentencias. Y hasta donde yo se, en EUA tampoco tiene intervención la Corte Suprema en la designación de magistrados inferiores.
    5) De lege ferenda me parece bien que el propio poder judicial pueda reglamentar los Códigos Procesales, se ganaría en agilidad y permitiría ir mejorando las normas que rigen los juicios -tema en el que el Congreso se muestra absolutamente desinteresado y cuando se mete hace desastres, por caso la última modificación del art. 242 del CPCC-. Pero no veo que la ausencia de esta facultad implique mermar el status de la Corte.
    6) Acuerdo que en ciertos casos puntuales, a la Corte le cuesta encontrar la forma de reafirmar su autoridad, pero en todo caso se trata de una falencia humana de quienes la integran, no veo nada institucional ahí.

  3. PAC dijo:

    Hola a todos:
    Me parece que el post mezcla dos cuestiones diferentes. Por un lado, está la cuestión más estrictamente “jurídica” o de autoridad en cuanto órgano judicial, de la Corte (I). Por el otro, está el problema de la mayor capacidad competencial y de recursos para que la Corte sea, efectivamente, “cabeza de poder” (II). Me explico.
    I. La Corte como autoridad final en la resolución de casos.
    Básicamente, la Corte y los demás tribunales inferiores ejercen la función jurisdiccional, es decir, la resolución de controversias concretas. Para ello, interpretan y aplican normas jurídicas. La Corte sigue teniendo la última palabra institucional en la interpretación y aplicación de normas jurídicas a casos concretos. Por supuesto, aquí surge una peliaguda cuestión: algunas de esas normas, como la CADH por ejemplo, además de tener jerarquía constitucional también tienen sus propios órganos de interpretación y aplicación. Entonces, si los estados, a la hora de aplicar dichas normas, deben guiarse en su interpretación por las pautas elaboradas por los organismos supranacionales y si, además, los estados tienen la obligación de acatar las decisiones de dichos organismos, entonces podría pensarse, como parece hacerlo el autor del post, que la Corte dejó de ser suprema (o soberana), al menos en cuanto a la interpretación y aplicación de aquellas normas.
    Pero creo que esta descripción de las cosas es engañosa. En ese sentido, se podría argumentar, en primer lugar, que esa “pérdida de supremacía” de la Corte no es más que una instancia concreta de una “pérdida de supremacía” del estado argentino en general, derivada precisamente del hecho de haber asumido ciertas obligaciones en sede internacional y de haber aceptado la competencia de los organismos supranacionales. En segundo lugar, la idea de que la doctrina y jurisprudencia de aquellos organismos debe guiar la interpretación que los tribunales locales hagan de las respectivas normas, fue elaborada y adoptada por la mismísima CSJN. En similar sentido, las modalidades que la aplicación de una decisión de algún organismo supranacional a un caso concreto puedan adoptar (p.ej.: la “ejecución” de una sentencia de la Corte IDH), también son objeto de decisión de la CSJN.
    Sin embargo, esa “pérdida de supremacía” puede ser interpretada, en cualquiera de los dos casos, no como una pérdida sino como una forma peculiar de ejercicio de la soberanía. No voy a extenderme mucho sobre el punto, pero cualquiera que esté familiarizado con determinados conceptos, como los de “autorestricción”, “precompromiso, etc., creo que puede compartir la idea de que, ya sea un país que decide obligarse internacionalmente, ya sea una Corte Suprema que decide “renunciar” a interpretar determinadas normas internacionales, esas decisiones son en sí misas supremas o soberanas, y que las restricciones que de ellas se derivan no son otra cosa que el resultado de un ejercicio de esa soberanía.
    Creo que una cuestión que permite entender mejor este problema está en la inmutabilidad de la cosa juzgada. En tanto y en cuanto las sentencias de la CS pasen en autoridad de cosa juzgada y no haya posibilidad de que ella sea dejada sin efecto, entonces la Corte seguirá siendo Suprema en aquello que constituye su función: resolver controversias concretas, a través de la interpretación y aplicación de normas jurídicas. Estoy conciente de que la cuestión de la cosa juzgada es espinosa, sobre todo si ella termina “protegiendo” a personas que, muy probablemente, sean responsables de haber cometido delitos aberrantes. Pero más allá de la carga emotiva, la cuestión de si la Corte es o no Suprema, en el sentido indicado, pasa por allí.
    Por último, quisiero señalar que la denuncia que una persona puede efectuar ante la Comisión IDH no es de ningún modo un “recurso”, y que más allá del valor efectivo que consideremos que tienen los “productos” de la Comisión (informes, recomendaciones, etc.), en ningún modo ellas constituyen decisiones en un sentido estricto. Y el trámite ante la Corte IDH, a su vez, no admite la participación de otros sujetos que no sean los estados y la propia Comisión (dejando salvo, por supuesto, la participación que puedan tener a los amici curiae), razón por la cual mal podría ser visto dicho procedimiento como una instancia recursiva (por lo demás, como sabemos, los organismos supranacionales no se consideran así mismos como una “cuarta instancia”).
    II. La Corte como efectiva “cabeza de poder”.
    Las cuestiones relativas a la relación con el ministerio público o el consejo de la magistratura, el manejo (y el quantum) del presupuesto, la designación de los jueces y/o la posiblidad de que el propio poder judicial regule en materia procesal constituyen, creo, cuestiones conceptualmente diferentes de la anterior. Sobre ellas no me voy a extender porque no tengo opinión formada sobre ellas, aunque ciertamente me parece importante discutirlas y algunas de las propuestas me parecen lo suficientemente plausibles como para estudiarlas con mayor profundidad.
    Saludos!

  4. jlahitou dijo:

    Mi comentario es de chasman y chirolita. Muchos de los temas levantados por el Dr. Lynch se reflejan en fallos de este año que fueron analizados en Todo sobre la Corte, fundamentalmente por Valentín. Hago entonces explícito el vínculo.
    1) Sobre el rol de la CIDH y su impacto en la CSJN – Ver Videla y Massera del 31 de Agosto de 2010, donde la Corte les rechaza el recurso que habían entablado, en parte, porque “esta Corte ha precisado que a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, y que dicho tribunal internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tarea en la que debe tener en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (Fallos: 330:3248, considerandos 20 y 21).” – No comentamos aquí este fallo pero VTC emitió, hace muy poco, una mínima reflexión en su post “CIDH-CSJN: Te amo, te odio, dame más…” donde se expone, especialmente mediante el trabajo de Basch et al, que la relación CIDH-CSJN es compleja y la sumisión a lo que dispone la CIDH no es absoluta.
    2) Sobre el rol de MPF y las delegaciones de la Corte, si bien hay pocos fallos directos, indirectamente esta Zelagowski (fiscal prov. Bs.As.) que al expandir beneficios a la procuración (de la prov. BsAs) dio lugar a agudas reflexiones de VTC en “Tangible, demasiado Tangible” . En lo que respecta a la delegación ver Post de Valentín “De Teloneros y Artistas Principales
    3) Sobre el vínculo Consejo magistratura/CSJN, se puede ver el post de VTC “Se puede juzgar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, donde la Corte asume posturas respetuosas de la actuación del Jury; o pueden tomarse otras manifestaciones más combativas de la Corte respecto del Consejo, especialmente en materia presupuestaria, tal cual se reflejaba en los posts “Judicial Wars episodio XX
    4) Sobre poderes para reglamentar procedimientos, a mi pasatista Serif o Sans Serif, sobre la acordada 4/07, Valentín lo condimentó con un estudio más a fondo de las acordadas. Acordadndo o como administrar el poder judicial.
    5) Sobre presupuesto la Corte ha estado bien activa, (i) reclamando expresamente recursos en sus sentencias, Causa Afip contra Intercorp que dio lugar al post Balada de la Corte para los restantes poderes, (ii), presentando proyectos de leyes tal cual lo analizado en Presupuesto y Algo Mas (I y II) o (iii) simplemente denunciando recortes presupuestarios con estratégico alejamiento de la verdad; Retroceder Nunca rendirse jamás
    6) Sobre el incumplimiento de sus sentencias, a mi juicio Sosa no es un fallo donde la Corte se ha mostrado tibia, sino un ejemplo del delicado proceso de mandar sin la espada. Ver el test de institucionalidad descripto por Valentín
    7) Sobre el Tribunal Constitucional, o que la Corte aspire a trabajar como un tribunal constitucional, solución que no denostamos, nuevamente remito al Post de Valentín “De Teloneros y Artistas Principales”.
    En fin, doy por terminado aqui mi papel de chirolita. Son varios los temas abiertos y lo interesante es que hay posturas de diverso signo para poner a prueba las propias.

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