Cobrando honorarios en autos rusos

por VTC

Situación circular, si las hay: Edgar Omar Clementi y Edgar Gustavo Clementi, abogados, prestaron sus servicios profesionales a la Embajada de la Federación Rusa en la causa “Marini, S. s/contrabando” relativa a la importación de autos con franquicia diplomática. Precio pactado: un vehículo importado cuya “transferencia se realizará una vez ocurrido el plazo legal para su nacionalización libre de todo costo”. El círculo autorreferente del pago en especie, sin embargo, no llegó a cerrarse porque, reclamado que fuera el vehículo en sede judicial, la Embajada adujo inmunidad diplomática. La Corte Suprema, en causa Clementi c/Embajada de la Fed. Rusa s/cumplimiento de contrato remite al dictamen de la Procuración General para confirmar la jurisdicción de los tribunales argentinos.

La cuestión jurídica a dilucidar, en este caso, es la interpretación del art. 2 de la Ley 24488, en concreto su inciso d):

“ARTICULO 2º — Los Estados extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción en los siguientes casos:

… d) Cuando fueren demandados por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país, derivadas de contratos celebrados en la República Argentina o en el exterior y que causaren efectos en el territorio nacional.”

Esta norma se dictó en el año 1995, luego de que la Corte Suprema modificara su tradicional postura sobre la inmunidad de jurisdicción en el caso Manauta, Juan José c/Embajada de la Federación Rusa s/daños y perjuicios. Hasta ese momento (diciembre de 1994) regía exclusivamente el art. 24 del Decreto-ley 1285/58 que disponía que no se dé curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente su conformidad para ser sometido a juicio. Esta norma se basaba, explica la Corte en esa sentencia, en dos principios del derecho internacional: a) par in parem non habet jurisdictionem y b) el de no intervención en los asuntos internos de otro Estado. El primer principio, a su vez, había tenido una larga evolución y su fundamento estaba en la existencia de una clara diferencia entre actos de soberanía política y actos de gestión económica. El Estado se ocupaba de lo primero y los particulares de lo segundo y, eso dice el principio, un par no puede juzgar a otro por el ejercicio de su soberanía. Al variar las funciones del Estado, es necesario comenzar a distinguir entre los dos tipos de actos (ya que los Estados realizan ambos) y aparece la dicotomía: actos de iure imperii y actos iure gestionis. Por ello, la Corte varía su jurisprudencia, al advertir dos cosas: que la inmunidad absoluta no constituye ya una norma incontrovertida del Derecho Internacional y que no siempre se le aplica a la República Argentina en los foros extranjeros.

Es decir que, por estas razones que sustentan la referida ley, la tesis de la inmunidad absoluta de los Estados extranjeros ya no corre más. Ahora quedan por ver los alcances de las excepciones. El art. 2, inc. d) citado habla de “cuestiones laborales” y la Cámara Civil y Comercial Federal entendió que este caso de cobro de honorarios era asimilable a ellas.  En concreto, la Cámara dijo que “si bien no se trata de un contrato de trabajo típico, constituye una prestación onerosa de servicios profesionales concertad por la voluntad de los contratantes -art. 1197 C.Civil- sustancialmente análoga a las examinadas por V.E. en los precedentes citados”(cita del dictamen PG). La embajada rusa dice que no, que las excepciones son de interpretación restrictiva y, por lo tanto, no procede la analogía entre una locación de servicios profesionales y un vínculo de empleo regido por las leyes laborales.

El dictamen de la Procuración General dice que la Embajada expone una crítica que no alcanza para darle carácter de arbitraria a la sentencia de Cámara. Además, ahonda en las características de la relación y agregar que era “un compromiso de pago concertado de buena fe, sin imperio soberano -relativo a servicios personales onerosos prestados en el país por residentes en él- y para ser cumplimentado en territorio argentino”. Es decir, poco suma a lo que dijo la Cámara y esto es importante, porque pierde así la oportunidad de seguir la línea inaugurado por la sentencia Manauta.

Allí, la Corte había cambiado la doctrina judicial tradicional exponiendo razones que analizaban, de modo finalista, la función que esas reglas cumplían. El dictamen en lugar de profundizar en esas razones, se queda en una mera sinonimia conceptual. Pero la pregunta es: más allá de la interpretación analógica de la ley, ¿por que no debería un convenio de honorarios sobre una cuestión diplomática ser protegido por la inmunidad soberana? La respuesta, a nuestro entender, debería apuntar a lo funcional: dejar fuera de la acción de los tribunales nacionales el cumplimiento de estos contratos con prestadores nacionales, haría que los mismos se hicieran o muy difíciles o muy caros. Nadie querría contratar con la Embajada de Rusia, si supiera que después no va a poder exigirle judicialmente el cobro. O lo haría, pero exigiría garantías desmedidas. ¿Sería más óptima esa situación desde el punto de vista de su inmunidad soberana? Creemos que no, que su asimilación a los nacionales, en esas cuestiones, beneficia al país extranjero y a nosotros en las relaciones con él.

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6 comentarios to “Cobrando honorarios en autos rusos”

  1. Curiosidad: ¿Y el abogado contratado por la Federación en este segundo juicio, espera cobrar?

  2. Enhorabuena que la Corte sigue la línea de Manauta. Un lindo caso de interpretación de la ley.
    Piensen Uds. que, como se recuerda aquí, la línea tradicional rigió sin excepciones desde los inicios hasta 1994!! cuando el mundo occidental hacía ya decenas de años que no involucraba a la inmunidad soberana en cuestiones laborales y previsionales.
    En 1976, para que obtengan perspectiva, la Corte falló un grupo de casos donde estaba involucrada la Embajada de Israel (que había echado a una empleada sin indemnización alguna luego que ella, la accionante, había quedado embarazada por segunda vez, habiendo dado a luz en época reciente); y a la Embajada de Gran Bretaña (que había despedido a su jardinero sin indemnización luego de decenas de años de servicio). Como joven empleado y estudiante de Derecho, me tocó proyectar esas declaraciones de incompetencia de la Corte. Lo hice. Pero fue tanta la rabia que me dio tener que ajustar el proyecto a esa doctrina que, una vez firmadas las sentencias, impulsivamente, irreflexivamente, envié una inconveniente carta de lectores a La Nación destacando la indefensión en que el Estado colocaba a los ciudadanos nacionales, por sostener un principio, opinable, que se había abandonado hacía años en Occidente. Agregué que, ya que se estaba ante un “proceso de reorganización nacional”, podrían reorganizar esta área del Derecho y ajustarla a las doctrinas contemporáneas vigentes.
    La carta fue publicada de inmediato. Algún amigo me dijo que estaba actuando irresponsablemente. Ante mi sorpresa, me llamó mucha gente que, por ejemplo, alquilaba departamentos a diplomáticos y embajadas e ignoraba ese régimen legal. Todos querían saber si existía algún modo de zafar.
    La carta repercutió también entre algunos jueces de la Corte de entonces. Les había caído muy mal mi inquietud y cerca estuve de ser echado, si no fuera porque el recientemente fallecido Dr. Pedro J. Frías (vaya con este recuerdo mi homenaje y gratitud), a quien no conocía personalmente, salvó mi pellejo. Debí formular un descargo (contra un cargo verbal) y me costó un llamado de atención firmado por el Presidente de la Corte (que obra archivado en mi legajo) y una duradera enquina de algunos otros Magistrados.
    Seguramente esta doctrina perjudicó mucho más a otras personas que a mí (además, recuérdese que pasaban cosas terribles por entonces). No obstante, tengo la satisfacción de poder leer hoy que esa doctrina anacrónica, contra la cual hice una modesta esgrima, fue vencida años después por otros. No es poco.

  3. Que fantástico poder acceder a anécdotas como las de AFG. Un afectuoso abrazo y pequeño homenaje por esa rebelión tan justificada.

  4. Me sumo a las expresiones de Francisco y a la alegría de ver de nuevo por aquí a AFG.
    Fahirsch: no se qué habrán arreglado, pero ya estamos preparando el comentario!

  5. si el contrato establecíaa otorgar la posesión y la tenencia y autorizar su uso y a transferirlo una vez ocurrido el plazo de la nacionalización, como refiere el Procurador.
    No estamos violando la ley?
    Se trataria de un contrato con objeto ilícito: el auto, durante el término de la franquicia es para uso diplomático, y aquí se le da otro uso, el pago de una deuda y se lo entrega a particulares.
    Precisamente por ese tipo de maniobras disponer de autos con franquicia en beneficio de terceros es que se inició la causa de contrabando que motiva este nuevo contrabando.-
    Siendo de objeto ilícito el tribunal lo tendría que haber declarado de oficio.

  6. Estimados, adhiero al Sr, Dalmacio y agrego, el ilícito lo cometieron y así probado está, los Embajadores o agregados, en conjunto con algunas agencias que son de publico conocimiento, y los que realmente se vieron perjudicados (por el manoseo de sus apellidos en los medios ademas de las medidas de iterdicción) fueron la gran mayoría de los compradores o últimos tenedores de los vehículos, porque quedo demostrado que compraron a valor de mercado y no a precio vil.

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