Juez de Línea

Todos tenemos un punto de ebullición. El agua hierve a 100º. Eric Cantoná al recibir insultos tribuneros. Muchos ante las injusticias. Otros tantos ante la falta de sueño. En este blog no es infrecuente que uno de los disparadores de las críticas cortesanas sea una depreciación de la importancia que tienen las reglas que estructuran y delimitan el ejercicio de los poderes. Vale entonces la felicitación cuando salen fallos en donde el juez de línea levanta la bandera y cobra off-side, porque es off-side, dejando en un segundo plano quiénes son los equipos que están jugando el partido y quiénes están en las tribunas. Los dos fallos que trataremos son Panamerican Energy contra Chubut, sobre el régimen de coparticipación de impuestos y Guillermo Moreno, sobre las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Pan American vs Chubut

Este linesman le cortó el avance a Chubut, que había creado una contribución especial al consumo eléctrico de los más poderosos (en el caso Panamerican Energy), para destinarla a un fondo especial de atención de usuarios carenciados de servicios de energía eléctrica.  Allí levantó el banderín con la siguiente cita:

“…si bien la emergencia justifica el ejercicio amplio y a veces diverso del poder concedido o conservado cuando median circunstancias excepcionales y transitorias que la configuran, ello no autoriza el ejercicio por el gobierno de poderes que la Constitución no le acuerda (doctrina de fallos 270:374, in re “Muñiz Barreto”). En estas condiciones, si la Provincia del Chubut estimó necesario tomar la medida en cuestión por atendibles razones de política social que no están en discusión, le incumbiría arbitrar los medios para satisfacer la finalidad perseguida sin lesionar el régimen fiscal federal en vigor.”  (cons. 18)

Analizando la jugada, estaba bien anulada. Chubut creó en el año 2002 una contribución especial que debían pagar todos los grandes  consumidores provinciales de energía eléctrica, de acuerdo a su consumo. Panamerican Energy, sujeto pasivo, dio el paso adelante y levantó la mano reclamando. “Che! es igual al IVA, impuesto nacional distribuido. Y además de violar el régimen de coparticipación, también atentás contra mi estabilidad fiscal como concesionario hidrocarburífero.” El delantero chubutense paró en seco, amontonó sus deditos y arremetió con el clásico “¡¡qué me cobrás!!, el IVA no es análogo a esta contribución de emergencia pensada para los usuarios más empobrecidos, y además se la cobro a todos los grandes usuarios, no a los hidrocarburiferos.” Ya más tranquilos, los dos se acercaron al línea para seguir la discusión.

Empezó el defensor. El IVA y la contribución en ciernes son los dos impuestos indirectos, pero Chubut no respetó la ley 3092 con la cual adhirió al régimen de coparticipación federal – Ley 23.548. No podía, por ello, crear un impuesto análogo al IVA, y el cargo de 90 centavos por magavatio a los grandes consumidores provinciales lo es. El consumo eléctrico esta gravado tanto por el IVA como por el cargo discutido. El línea lo interrumpió para decirle que “…tal situación no ha de reputarse inconstitucional per se en tanto y en cuanto cada uno de los gravámenes que la configuran hayan sido creados por poderes fiscales con competencia tributaria válida en la materia y ninguno de ellos en particular pueda ser tachado de inconstitucional…” ¿La tiene Chubut? Para evaluarlo la Corte hace un estudio del concepto de analogía bajo el régimen de coparticipación de impuestos, herramienta pensada para evitar la doble o múltiple tributación interna, y concluye que Chubut se pasó de la raya. Dicho régimen guarda, para la Corte, una “sustancial analogía” con el IVA. En ambos el hecho imponible es el consumo o venta eléctrica. Sentencia por ello “que el articulo 3° de la Ley 4845 de la provincia del Chubut debe ser privado de validez por el principio de supremacía federal contenido en el artículo 31 de la Constitución Nacional“.

Cámara Criminal y Correccional vs la FIA

En un partido anterior, el mismo juez de línea le había invalidado la jugada al equipo local. Le cortó el pique a Guillermo Moreno, que se escapaba solito. ¿Cómo? Entendió que el fiscal de investigaciones administrativas (FIA) estaba bien afirmado para saltar a cabecear y que fue ilegalmente desestabilizado por el  famoso puntero que se mueve por todo el frente de ataque. Era una jugada muy finita. El juez debía discernir el alcance del artículo 45, inciso c, de la ley 24.946, a fin de verificar si la FIA tiene o no la facultad de asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública cuando los fiscales com­petentes tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción. El 45, al explicar los deberes de la FIA, sostiene que le corresponde:

“Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán el valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las Cámaras de Apelación y Casación con la intervención necesaria del Fiscal nacional de Investigaciones Administrativas o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 33 inciso t).”

“La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción.”

Desde un costado de la tribuna consideraron que si la causa contra el funcionario público donde se investiga  un delito en ejercicio de sus funciones, no fue iniciada por la FIA, sino por un particular, la FIA tiene limitada la posibilidad de intervención del segundo párrafo. Righi y casi toda la Corte consideraron que esa manera de interpretar el artículo era contraria al objetivo normativo:

 “…resultaría contradictorio con la mentada misión del Ministerio Público y con la autonomía que también le fuera otorgada constitucionalmente, interpretar una norma que regula su actuación en asuntos que comprometen el interés publico con unos límites y restricciones que la F.I.A. no tenía en el periodo previo la reforma constitucional que designó al Ministerio Público como un poder independiente.”

Siguiendo las enseñanzas de Gordillo, entre otros, la Corte acepta aquí que está mal interpretar los cambios para vaciarlos de sentido y atentar contra lo que la reforma propone. No se ajusta al espíritu de la norma ni al de la institución querer imponer una interpretación que tienda a limitar o recortar los poderes que la FIA tiene para procurar investigar a los funcionarios públicos en el manejo de funciones públicas – que irrogan un privilegio de poder extrapordinario respecto del resto de los mortales- y de fondos públicos. La responsabilidad mayor de todo  funcionario público para proceder con rectitud y honestidad es indiscutible. La necesidad de mejorar los incentivos para ello, a través de  mecanismos de control y transparencia también.

En apoyo de la tesis pro-participativa de la FIA, la Corte y la Procuración trajeron a colación el artículo 48 de la Ley del Ministerio Público, el cual sostiene que “Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.” Regla que consideraron ineludible en tanto consagra el principio que favorezca, ante la duda, su necesaria participación. Para sostener que ese, y no otro, es el fin de la comunicación, la Corte tiene que explicar con detalle la razón de por qué desapareció del artículo 48 un segundo párrafo que en su ley primigenia (21.383) precisaba, expresamente, que el fin de la comunicación era para que decidiera si asumiría el ejercicio directo de la acción pública o impartiría las instrucciones pertinentes.

Sostiene así que la autonomía funcional que la nueva ley reconoce a los miembros, la imposibilidad para dar órdenes particulares a los fiscales, y que ya no existe la obligación de apelar toda decisión adversa a sus pretensiones, son tres razones que explican que no se pueda interpretar la desaparición del fin interventor que establecía el viejo 48, como un implícito recorte a dicho fin participativo. La explicación de Righi/Petracchi, que se plantan en esas tres razones, es convincente. La Corte, incluye una cuarta, sobre  la voluntad particular del legislador sobre el art. 48 que a mi juicio la debilita innecesariamente, aunque sólo en lo discursivo o expositivo. Y lo hace porque sostiene como expresión de esa voluntad legislativa que algunos ediles levantaron la voz de alarma para intentar subsanar la supresión que estaba realizando el nuevo art. 48. Evidentemente no lo lograron. Ello no quiere decir que la voluntad del legislador haya sido suprimir el fin interventor del viejo 48, pero tampoco apoya la postura contraria, que se sostiene firmemente en base a un interpretación favorable al control, y que es precisamente lo que justifica la institución.

Pitazo Final.

Concluyo vinculando dos acciones bastante diferentes de nuestro juez de línea. Su denominador común es que en ambos casos la Corte ha realizado interpretaciones normativas sensibles a las competencias de diferentes poderes y en los dos casos ha honrado, a mi criterio, el objetivo, espíritu y finalidad de las normas e instituciones que se ponía a analizar. Les otorgó, ante la duda o ante el conflicto, la efectividad que con ellas se buscaba. Una intenta impedir duplicaciones impositivas. La otra intenta mejorar el mecanismo de control. Como diría el personaje del cigarrillo y la boquilla. Música de perla blanca, maestro Marzán: a mi criterio, son dos fallos correctos. Y un poco de música de perla negra, Marzán, para el 280 de Zaffaroni en la causa sobre la FIA. Por lo menos, así lo veo yo.

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Acerca de Juan Lahitou

Abogado, LL.M Energy Law & Policy (CPMLP - Dundee); Master Derecho Administrativo (U. Austral)
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7 respuestas a Juez de Línea

  1. Favio Assad dijo:

    Leyendo tu nota recuerdo a un gran jurista devenido miembro de la Corte, el Dr. Zaffaroni, cuyas teorías no solo son aplicables a los habitantes más necesitados, valen para ello los temas sub exámine. En sus clases, el mentado magistrado siempre puso el acento en el impulso del poder y su avance indiscriminado en pos de ganar el terreno que las garantías confieren al ciudadano, cual si fuera un mar embravecido. Decía que a ese mar había que construírle un dique constitucional que lo contenga, pero aún así, las filtraciones resultaban inevitables. Saludos y felicitaciones por el artículo.

  2. jlahitou dijo:

    Favio, te agradezco el comentario. Si bien es una línea paralela y vinculada, comparto la misma desconfianza hacia como ejercen el poder los poderosos de nuestras pampas y estoy de acuerdo con los diques y mecanismos de contención. No se si es curioso pero Zaffaroni, en este caso, no quiso suscribir el pro-control de la FIA.
    No es el único al que lo van a mirar de cerca. Garrido, según las crónicas del momento había renunciado porque a su criterio Righi había recortado facultades de control de la FIA a través de la Resolución 147/08. Ver una crónica de Martin JF acá u otra de Arballo acá .
    Righi se atajó en su dictamen del fallo que comentamos y sostuvo que siempre tuvo una interpretación pro FIA. Ya en el 2005 (18/05) y también en el 2008 147/08 y en el 2009 133/09. Acá pego la atajada “Es por ello que, ya en ocasión de aprobar el reglamento interno de la FIA, en el año 2005, adopté la interpretación más favorable a la intervención de ese organismo, al disponer que la FIA se hallaba facultada a participar en los procesos penales de su competencia, en los términos del articulo 45, aunque la causa no hubiese sido iniciada por su propia denuncia (arts. 30.5 y 45.1.1. de la Res. PGN Nro. 18/05). Esta interpretación fue reiterada luego en la Res. PGN n° 147/08, del 5 de noviembre de 2008 y, una vez más, por último, en la Res. PGN nO 133/09, del 13 de octubre de 2009.”

    • Favio Assad dijo:

      Me sorprende lo que me decís de Zaffaroni y a la vez, no me sorprende tanto. Hace tiempo que la política criminal se impone por sobre el sistema de garantías. Te felicito por la solidez del temperamento y el conocimiento sobre el particular. Otro saludo y seguimos en contacto.

  3. Luis Raña dijo:

    Tu articulo es muy correcto, especialmente en esos dos casos. Sin embargo, parece mentira que en nuestro pais tengamos que esperar tanto para ponderar algun que otro fallo de nuestra Corte, lo que la hace mas politica que justa. Es una verdadera lastima. Mira que como pais hemos soportado todo tipo de embates, especialmente los zigzagueantes fallos sobre los decretos de necesidad y urgencia que comandaban las ordenes de quienes nos gobernaban y nunca sabiamos que iba a pasar. Pero bueno…algo es algo.-
    Luis Raña

    • jlahitou dijo:

      Luis, gracias por el comentario. Esta Corte da para ponerse contento, muy contento, no tan contento y desilusionado. Pasamos por todas las estaciones y cada cual las pasa a diferente tiempo y por diferentes razones. Seguro que hay quienes consideren que en estos dos que comenté falló mal y otros que esten contentos, por ejemplo, con cada acción que toma relativa al gobierno del poder judicial, (respecto de su relación con el Consejo de la Magistratura) o con el fallo Aceval Pollachi sobre DNUs. La cantidad de materias y fallos da para contentar y engranar a todos, cada uno a su tiempo. Saludos.
      Juan

  4. enric dijo:

    Bien Luis Raña.
    E.F.

  5. Luis Raña dijo:

    Gracias Juan y Enric por sus consideraciones. Lo que quise decir es que cualquier gestion o combinacion del maximo tribunal de nuestro pais debr ser ante todo justo y ponderar los derechos de forma de lograr ese primordial objetivo: la justicia. No debe ir de un lado a otro por cuestiones meramente personales o politicas u otras que no sean lo que todos los argentinos esperamos: QUE SE HAGA JUSTICIA CO TODO LO QUE ELLO IMPLICA. Por ejemplo, para ilustrar lo que digo, ya he planteado que en el caso del aborto y de la vacunacion, la Corte no tomo verdaderamente en cuenta el derecho a la vida del por nacer ni del niño a vacunar. Por su parte, en el caso Insaurralde (al que muchos vituperan) la Corte de Santa Fe -mas alla del resultado_ hizo gala de la interpretacion de ese derecho y algunas cosas mas que la CSJN todavia no ha hecho. Como es posible? Solo por una razon: si se planteara el tema del derecho a la vida, tal y como toda persona lo entiende -a su propia manera- entonces muchas cosas cambiarian en el mundo juridico y bastante mas distintas que ahora. Abrazo a todos!
    Luis Raña

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