Puliendo la acción de clase

por VTC

Jorge Cavaliere y la organización de defensa de los derechos del consumidor PROCONSUMER demandaron a Swiss Medical S.A. para que provea el equipo de ventilación mecánica y los accesorios pertinentes para el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva para todos los afiliados de Swiss Medical que padezcan esa enfermedad. Digamos que Cavaliere lo hizo en su carácter de individuo afectado por la enfermedad y el incumplimiento de la pre-paga médica, y PROCONSUMER actúo con la idea de expandir los efectos de la posible sentencia.  Tanto la Cámara Civil y Comercial Federal como la Corte Suprema le dijeron que no a la organización, pero no de la misma manera. Y como el diablo está en los detalles, es seguro que allí encontraremos algo valioso para las futuras acciones de clase que puedan presentarse.  Veámoslos.

La acción intentada fue interpuesta en el año 2008, o sea que es anterior al tsunami Halabi y también lo es la sentencia de 1ra instancia. En ese sentido, parece ser de manual la respuesta que le dan a la asociación en el sentido de que el art. 43 les reconoce legitimación para la protección de los bienes colectivos pero no para la de los bienes individuales de los consumidores. La cosa cambia con la sentencia de Cámara, ya que ésta es de mayo de 2009 (y Halabi salió en febrero de ese año). La Cámara, sin embargo, ahonda en ese razonamiento y a la interpretación del art. 43 CN le agrega la de la ley 24240:

“Finalmente y respecto del agravio referido a que la legitimación para actuar está fundada en el art. 52 de la ley 24.240, tampoco procede en virtud de que del juego armónico de los artículos 52, 55 y 56, inc. e) de la ley 24.240 se desprende que en caso de lesión directa a un derecho subjetivo, la legitimación para reclamar es sólo de su titular, es decir, el consumidor o usuario. Cuando se afecten, además derechos colectivos o difusos distintos de un derecho subjetivo -lo que no se verifica en autos, según lo expuesto- podrán accionar judicialmente las asociaciones de consumidores o usuarios legalmente inscriptas”.

El dictamen de la Procuración General resuelve la cuestión de manera fácil: con un argumento de autoridad. Remite así al considerando 19 de Halabi, donde la Corte había dicho al pasar que los actores mencionados en el art. 43, 2 párrafo de la CN (afectado, defensor del pueblo, asociaciones) estaban legitimados para interponer la acción de clase. Esta frase, sin desarrollo alguno y formulado de modo incidental, era de por sí problemática. Por ejemplo, en el considerando 28 del voto mayoritario de Halabi (recordemos que se decidió por un escueto 4 contra 3) Highton realiza una especie de mini-disidencia dentro del voto y dice que mantiene su opinión respecto a la legitimación del Defensor del Pueblo en causas de contenido patrimonial. La cuestión no es para nada menor, si consideramos que la Corte Suprema tiene ante sí, por ejemplo, la acción colectiva por los ajustes en las jubilaciones promovidas por la Defensoría del Pueblo.

La Corte decide no meterse en ese brete y pasa directamente a la comprobación del cumplimiento de los requisitos sustanciales que ella enunció para que se configure una acción de clase: a) verificación de una causa fáctica comun, b) pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y c) la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Así descubre que tal causa es inexistente, ya que “no se advierte que la situación planteada en el sub lite lesione intereses individuales homogéneos que la asociación pueda válidamente defender, al no extraerse siquiera de manera indiciaria la intención de la prepaga de negarse sistemáticamente a atender planteos de sus afiliados semejantes a los del señor Cavalieri” (cons. 7º). Por otra parte, respecto a la dirección de la pretensión procesal, sostiene que ella “se encuentra focalizada exclusivamente en las particulares circunstancias del actor y no en efectos comunes de un obrar de la demandada que pudiera extenderse a un colectivo determinado o determinable”.

La pelota queda afuera. En este caso, todos coinciden en que PROCONSUMER no puede accionar en favor de todos los afiliados a Swiss Medical y ello probablemente obedezca a las características de una acción presentada con anterioridad a Halabi. La Corte no le cierra del todo la puerta, aunque se plantea un problema complejo. La CN le reconoce legitimación a esas asociaciones para proteger bienes colectivos, en un intento de expandir su posibilidad de defensa judicial. Cuando los bienes en juego son individuales, como la Corte misma reconoce, hay otro tipo de garantías que deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, el ejercicio que cada uno de esos individuos quiera hacer de su derecho a accionar judicialmente. ¿Quiere ello decir que no es posible pensar en una acción de clase protagonizada por una asociación? No necesariamente, pero sí que ello debe hacerse adaptando las razones de una y otra acción, que son de distinta naturaleza y juegan con diferentes incentivos y derechos.

Tanto la Procuración General con su cita textual como la Corte con su salto argumental, nos dejan con muchas preguntas en la cabeza. La Cámara, al menos, intentó una interpretación de la Ley de Defensa del Consumidor y mostró la separación tajante que hacía entre el campo de lo colectivo y de lo individual. Sin embargo, casi al final, la Corte nos deja una yapa: aplica el art. 55 de esa ley (“Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”) y así exime de costas a PROCONSUMER. De este modo, la Corte Suprema parece, a pesar de su negativa a la organización de usuarios, darle un espaldarazo a este tipo de acciones promoviendo su interposición ante los tribunales. No de cualquier modo, no en cualquier caso, pero dejando en claro el efecto beneficioso que tienen sobre el bien social.

About these ads

7 comentarios to “Puliendo la acción de clase”

  1. Otra vez la Corte presa de su verborragia. Dicen cosas que quedan muy bien en abstracto o en causas donde no hacen falta, pero que a la hora de los bifes no aciertan en su aplicación. Me recuerda a la “doctrina” en materia de DNU en Consumidores Argentinos que luego fue eludida con el tema de la doble indemnización.
    Esta era una buena oportunidad para profundizar el tema de los intereses individuales homogéneos, insinuado en Halabi. Sobre todo porque hay una inflación de demandas de este tipo. Proconsumer, sin ir más lejos, tiene muchas demandas por temas muy diferentes: por caso, contra todas las líneas aéreas cuestionando la práctica del overbooking; también ha iniciado un pleito de daños contra Cablevisión por conductas contrarias a la competencia.
    Párrafo aparte la inexplicable e infundada decisión sobre costas. Ya lo habían tirado el año pasado cuando metieron 280 a un rex de una ONG, sin explicar nada. Y más grave en este caso, niega legitimación colectiva a una asociación pero le da el beneficio de justicia gratuita previsto en la propia ley de defensa del consumidor.

  2. Coincido, Hernán, en que era una buena oportunidad para profundizar, sobre todo porque el tema de la legitimación del Defensor del Pueblo y de las organizaciones del art. 43, 2 parr. está oscuro en Halabi. A mí la idea de representatividad que tiene que tener el que interpone la acción, en el sentido de que su reclamo tiene que ser homogéneo con el de los demás, me inclina a pensar que las organizaciones no deberían tener per se esa legitimación. Porque las organizaciones representan derechos de los usuarios, pero no a los usuarios individualmente (argumento de la Cámara cuando interpreta la 24240) y en el caso de la acción de clase, este es el tipo de representación que se necesitan. Sería algo semejante (subrayo la palabra) a los delitos de acción pública y los de acción privada. Pero es algo que no termino de tener definido y que tendría que masticar más. El fallo de la Corte no me provee ningún elemento para hacerlo, salvo el de que no quiere cortarles la cabeza y deja la cuestión abierta.
    Respecto a las costas, me parece un temazo, esencial para diagramar el cuadro de los incentivos que un actor tiene al interponer una acción de clase. Por ejemplo, un individuo tiene que decidir si presentar un reclamo como propio o hacerlo extensivo a la clase. Si lo hace, ¿se hace responsable de las posibles costas por toda la clase? Esto pareciera ser ridículo, porque nadie interpondría nunca ese tipo de acción. Ahora, ¿es lógico que su actuación sea totalmente gratuita? Parece excesivo porque el individuo también va a tener una ganancia diferente si la acción es de clase en lugar de ser meramente individual. Si esa extensión de caso individual a erga omnes es absolutamente gratis, todo el mundo la va a intentar, por si acaso (nos sacamos la lotería). Un tema con muchos grises, como así también el de los honorarios. La Corte dijo mucho en Halabi y, después, como un oráculo, calló y no habló más. Viendo que ahora se están discutiendo los proyectos legislativos sobre el tema, hubiera sido un gran aporte que elaborara más estas cuestiones.
    Un abrazo,
    Valentín

    • No coincido con el todo el mundo la va a intentar. No me queda claro que el que pone el cuerpo, acciona individualmente pero pretende extenderlo a una acción de clase se beneficie de su expansión. Liderar el pelotón beneficiaría a la clase (analógicamente como a un tercero beneficiario en un contrato) pero también a la defensa y a un poder judicial exigido, ya que ambos concentrarían sus esfuerzos y recursos. El actor y su abogado no son lo mismo, no? El riesgo de costas que ustedes discuten y el límite de compensación respecto de su propio daño individual recae sobre el actor, el incentivo sobre mejores honorarios cae sobre el representante. Creo que la paleta sobre las motivaciones individuales de intentar una acción de clase son tan variadas como las de toda gran decisión y pensar incentivos sólo en base a algunas, que no digo que al final no se deba hacer, puede ahogar aquellas otras. Quitar el incentivo económico para algunos puede desincentivar el espíritu altruista o colaborativo (con terceros y con el Derecho) de otros.

  3. Respecto al tema de la legitimación de las asociaciones y su interacción con los individuos que integran la clase que se beneficiaría por su accionar, creo que hay que distinguir algo obvio: representación y legitimación. Hace poco vi un tema contra una empresa de celulares en donde el juez de primera instancia -Carbone- recházó la legitimáción de la ONG en la definitiva porque no era lo suficientemente representativa de la clase. Entre otras cosas, dijo que tenía 7 asociados al tiempo de iniciar la demanda. La Cámara Civil y Comercial revocó el fallo y dijo que eso no era relevante para determinar la legitimación de la actora.
    Me parece evidente que las asociaciones no son representantes en el sentido estricto de la palabra, razón por la cual creo que no deberían admitirse condenas con prestaciones individuales a favor de los consumidores -el caso comentado es un buen ejemplo-. Sólo sería deseable algo así cuando la prestación individual es tan insignificante que una persona física no se tomaría el trabajo de ir a la justicia. Sin embargo con la reforma de la ley 24.240 esto ya no es posible, admite reparaciones individuales en el marco de acciones colectivas iniciadas por asociaciones. Y el problema es que la norma no puede profundizar demasiado en cuestiones procesales que son del resorte de las provincias. Entonces hay un vacío enorme para determinar de antemano las personas que se perjudicarán o beneficiarán por el accionar de la asociación.
    En cuanto a las costas, sumado a lo que dice Valentín, tengo mis dudas sobre la constitucionalidad de la interpretación amplia que hace la Corte. Justicia gratuita sólo me sugiere exención al pago de la tasa de justicia, o sea que no haya trabas para acceder a los tribunales. Hacerlo extensible al régimen de costas quebraría la igualdad entre las partes, el demandado siempre va a tener que pagar honorarios a sus abogados y como mínimo el 50% de los peritos (art. 77 del Código Procesal, si se aplica la jurisprudencia mayoritaria en caso de costas por su orden, sería el 75% del honorario) por más descabellada que sea la demanda. Tengo que masticarlo un poco más pero me hace mucho ruido esa disparidad.
    Funcionalmente, la interpretación amplia que la Corte aplica sin mayores reflexiones juega como incentivo para las demandas de las asociaciones. Insisto en que cada vez hay más acciones de este tipo, en el caso de overbooking que mencioné, Proconsumer demandó por separado a todas las líneas aéreas que operan en el país. Cada juicio -son más de 20- tiene juzgado y Sala diferente, lo cual parece insólito tratándose de demandas colectivas. Supongo que no habrán querido poner todos los huevos en la misma canasta lo cual va contra la lógica de las acciones de clase.
    Por último, no veo a muchos individuos embarcándose en patriadas como la de Ernesto Halabi. Por ahora, casi todo viene vía asociaciones.
    Saludos y muy buenos los aportes! No me cansó de recomendar el sitio.

    • Una pequeña aclaración sobre la representatividad: cuando me refiero a ella, no estoy hablando de la representación procesal sino de uno de los requisitos que debe tener el que interpone la acción de clase para poder enarbolarla legitimamente. La ley americana la pide que se su acción sea “representativa”, es decir, que su interés se reproduza de modo similar en el resto de la clase afectada y a la que el intenta representar. Este concepto es, claramente, diferente al de legitimación y hace a uno de los supuestos sobre los que se asienta el instituto de la acción de clase.

  4. Estimados Amigos: Dare mi opinion al respecto, pero de un modo abstracto restecto a las “action class”, ya que haya bastantes antecedentes y los casos en particular no nos conducen a nada, ya que en realidad la CSJN lo que no quiere es dar luz verde a este tipo de acciones, tal como lo hizo con el tema del aborto.
    Podemos decir que la “acción popular”, ”acción de clases” o preferiblemente “acción pública”, es aquella acción que inviste de legitimación a cualquiera y a todos sin que medie el requisito de poseer una afectación propia y directa para impeler el control constitucional.
    Se trata de una teoría cuya sistematización primera debe la ciencia jurídica a los aportes del jurista alemán JELLINEK en el siglo XIX, para quien habría acción pública subjetiva por el solo hecho de existir una violación objetiva y formal a la ley, sin necesidad de que exista un afectado y sin que interese la existencia de un interés material que merezca protección jurídica, en cabeza de la sociedad.-
    En nuestro país, los antecedentes de la acción popular se encuentran en la ley 8871, llamada ley Sáenz Peña, en la cual se faculta a cualquier elector para acusar faltas y delitos electorales.4Asimismo,la constitución de Salta, en su art. 57, acoge la “acción popular por delitos electorales” y el art. 92 la “acción popular de inconstitucionalidad”.-
    Tal como destacara Bielsa, “la acción popular es un medio jurisdiccional idóneo para defender, unido al interés personal, el interés de la colectividad referida a una entidad pública: nación, provincia o comuna.-
    De lo antes mencionado y en el sentido propuesto, nos enseña Humberto Quiroga Lavié que mientras la doctrina alemana discutía el concepto de derecho público subjetivo y la francesa hacía lo propio con el concepto de legalidad, la doctrina italiana se esmeró en distinguir el derecho subjetivo del interés legítimo.-
    Por tanto, invocar un interés legítimo implica comprobar que su interés coincide con el interés público; y el interés legítimo es la pretensión a la legitimidad de la actividad política, pues derecho público subjetivo es equivalente a interés público reconocido en la ley.-
    En el derecho español, en 1.956 la ley introdujo el “recurso de anulación de actos administrativos por cualquier forma de infracción al ordenamiento jurídico reprochable al acto administrativo que se impugna, sea infracción a la legalidad objetiva o al debido respeto a los derechos subjetivos” .-
    Retomando el derecho argentino, el criterio de legitimación al afectado en tanto integrante de un grupo o sector social, ha sido el de exigirle al titular de la acción procesal tener un derecho subjetivo afectado por la violación del derecho objetivo, no debiendo probar la materialidad de su derecho sino sólo que formalmente pertenece a la categoría de aquellos sujetos que la ley ha tenido en cuenta al regular sus efectos.-
    Así, en este mismo sentido, otro eminente jurista ha ponderado los beneficios de lo que dio en llamar la “acción popular”: El Dr. German J. Bidart Campos decía: “ 2 .- De existir esta acción en el orden federal Argentino, el control se elastizaría, y dejaría espacio para atacar -por ejemplo- el dictado de un decreto de necesidad y urgencia en materia reservada a la competencia del Congreso, sin necesidad de que el actor sufriera perjuicio por la aplicación de sus disposiciones. Muchas causas judiciales en las que nuestra Corte ha negado la existencia de “caso judicial concreto” de legitimación procesal del accionante, de titularidad en el derecho o interés estrictamente suyos y propios, etc., hubiera disipado tales óbices (las más de las veces aparente) y producto del rigorismo, y por eso susceptibles de superarse, aún sin existencia de acción popular de inconstitucionalidad)”.-

    Bibliografia
    3Cf. Hector Fix Zamudio, “La protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales”, “cit., p.136, en “El derecho de la constitución y su fuerza normativa”, German J. Bidart Campos, 1995, Editorial Ediar, p. 312-335.-
    4 Mario Chaumet y Alejandro Menicocci en ”El amparo constitucional”, ob. colectiva, p.154, Depalma, 1999.-
    5 Rafael Bielsa, “La acción popular y la facultad discrecional administrativa, en Cuestiones de Jurisdicción- acciones y recursos, p.63” en “El amparo constitucional”, p.152.-
    6 “El Amparo Colectivo”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1.998, pág. 26.-
    7 “El Amparo Colectivo”…, pág. 30.-
    8 German J. Bidart Campos, “El derecho de la Constitución y su fuerza normativa”, editorial Ediar, 1995, p. 336 y 337.-
    Por lo tanto y, mas alla que en la Carta Magno no se encuentra habilitada tal accion, la Corte deberia, del mismo modo que hizo con los casos “siri” y “Kot”, de neto corte pretoriano, que luego se convirtio en ley y mucho despues tuvo acogida constitucional, admitir esta gama de acciones clase, accion popular o accion publica, a los efectos de que todos y cada uno de los ciudadanos pueda tener su acceso a la Justicia, por supuestom que una vez admitido esto, debe ser rigurosamente reglamentado, a fin de no inundar de demandas los tribunales del pais. Imaginemos la sancion de una ley claramente inconstitucional, pero que por lo pronto no tiene ningun “afectado”. ¿ porque deberia persistir, si en definitiva es inconstitucional? El tema de estas acciones da para hablar mucho mas, sobre todo desde lo axiologico.-
    Saludos-
    Luis Raña

    • Estimado Luis: en tu comentario asimilás “acción popular” con “acción de clase”, que es lo que se trata en este post. No son lo mismo, ya que en la primera se defiende un interés colectivo (por ejemplo, la legalidad de una determinada norma emanada del Estado o de unas elecciones, etc.), en la segunda el que se presenta defiende un derecho individual, cuya titularidad debe ser probada. Lo que pasa es que en este caso, lo que hace la acción de clase es extender los efectos de la sentencia a los otros individuos que tienen el mismo derecho. La Corte, lejos de restringir este tipo de acciones, las impulsa (como ha demostrado en Halabi, al crearlas, y aquí, al no restringirlas demasiado).
      Atentamente,
      Valentín

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 4.447 seguidores

%d personas les gusta esto: