A decidir, señores (plazo razonable, ter).

por Alejandro Freeland

Pretendo reflexionar nuevamente sobre la sentencia que comentara Valentín el pasado 16 de julio en su post “la Administración también tiene plazo (razonable) para sancionar”. Repaso y después arranco. Luego de más de 20 años de proceso (los hechos imputados datan de 1987), el  BCRA impuso, a varias personas, sanciones de multa por infracción a la normativa financiera. Apelada la decisión, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal criticó las evidentes demoras en el trámite y hasta dispuso, por ellos,  la investigación administrativa pertinente, pero decidió que la acción no se encontraba prescripta y, por tanto, confirmó las multas.

Los sancionados interpusieron recurso extraordinario argumentando, en lo que aquí interesa, que el extenso trámite administrativo había violado la garantía de defensa en juicio y el derecho a obtener una decisión en “plazo razonable”, al que alude el art. 8.1 de la CADH y que, por tanto, había que declarar extinguida la acción por prescripción como forma de hacer efectivas dichas garantías.

La Corte, en contra del dictamen de la Procuración,  por seis votos y en muy buena sentencia (clara, concisa, bien desarrollada, sin disidencias ni votos concurrentes) admitió el recurso. VTC ya hizo un buen comentario. De todos modos siempre puede decirse algo más.

Los argumentos son, pari pasu, los mismos que ya hemos comentado y examinado en anteriores posts referidos a la cuestión del plazo razonable (Oliva Gerly y Bouer) en materia penal.

La novedad, radica en la saludable ampliación del alcance de esta garantía a todo procedimiento en el que la autoridad pública (administrativa, legislativa, judicial) esté llamada a determinar derechos y obligaciones de las personas (considerando 8º). Es decir que las garantías (del debido proceso legal, de la tutela judicial efectiva, del plazo razonable como derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas -corolario de la garantía de la defensa en juicio-) pueden ser invocadas por los particulares frente a todo acto del Estado que pudiera afectarlas: “pues es un derecho humano el de obtener todas las garantías que permiten alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (considerando 8º y cita de CIDH en “Baena c/Panamá”).

Tampoco es obstáculo, dijo la Corte,  que las sanciones aplicadas por el BCRA en el caso sean de naturaleza disciplinaria y no penal, pues ello “equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso” (considerando 9º y, de nuevo, cita de “Baena”).

Luego de examinar y aplicar al caso concreto las pautas que tanto la Corte Interamericana como, antes, la Europea, y, finalmente nuestro Tribunal han admitido para evaluar la razonabilidad de un plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades y; d) el análisis global del procedimiento, la Corte concluyó que ha existido en el caso, y fundamentalmente por demoras en el trámite atribuibles a la propia Administración, una “demora irrazonable”  y que esa irrazonable dilación del procedimiento resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la CN y el 8.1. de la CADH. Revocó la sentencia y mandó a dictar una nueva, con el alcance de ésta (extinción de la acción por prescripción).

Me parece que va siendo hora de regular de modo diferente el instituto de la prescripción de las acciones, al menos de aquellas que encarnan la pretensión de aplicar sanciones, de cualquier tipo que sean.

Es que la repetida interrupción del plazo de prescripción, que se prevé a veces en términos tan ambiguos como los de la ley que nos ocupa (art. 42 de la ley de entidades financieras: seis años desde la comisión del hecho que se interrumpen por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias del procedimiento inherentes a la sustanciación del sumario) conducen a estos evidentes excesos sin demasiada dificultad, con las gentes sometidas a proceso por una tercera o cuarta parte de sus vidas. En materia penal ha habido avances (se ha eliminado hace tiempo la indescifrable fórmula de la “secuela de juicio” como causa interruptiva de la prescripción y se han acotado los supuestos a unos pocos hitos del proceso), pero resultan insuficientes si lo que se quiere es hacer efectivas las garantías fundamentales involucradas.

El Proyecto de Reformas al Código Penal del 2006 (archivado) iba en ese camino. El último párrafo del proyectado art. 58 decía “la prescripción operará, independientemente de las interrupciones, una vez transcurrido el doble del plazo de la misma, que en ningún caso podrá exceder el límite previsto… de 12 años”.

Acaso también esa fórmula deba ser revisada (a veces 12 años es también demasiado –pienso en una estafa de las sencillas- y quizá también la suspensión de la acción deba ser integrada a la fórmula) pero es un avance. Yo insisto, ya lo he dicho en anteriores presentaciones del tema, que la prescripción (o el plazo de la prescripción) puede ser una guía, pero en tanto instituto que tiene sus propias características, contenido y sentido, diferenciado de la garantía del plazo razonable examinada, ésta puede ser reconocida con total independencia de que hayan transcurrido uno, dos o más términos de prescripción interrumpida.

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8 comentarios to “A decidir, señores (plazo razonable, ter).”

  1. Alex y también VTC. ¿Harían ustedes alguna salvedad sobre esta jurisprudencia aplicada a personas jurídicas?

    • No, atento las garantías involucradas. La pj también tiene derecho a un juicio justo y en plazo oportuno.

    • Tendría que meditarlo con mayor profundidad, pero me parece que los principios para medir la razonabilidad del plazo deberían ser iguales para personas físicas y jurídicas. Ahora bien, puede ser que en el caso concreto la cuenta no dé igual para unos y otros, teniendo en cuenta la posible mayor complejidad que trae su status de persona de existencia ideal y su accionar societario.

  2. Celebro que sigan sucediéndose fallos que responsabilicen y obliguen a las agencias administrativas y judiciales a expedirse dentro de un término razonable. Existen ejemplos aberrantes donde la mitad de la vida de una persona fue privada de su plenitud debido al desdén puesto en la solución de un conflicto. En mi estudio se lleva un caso de similares características, 25 años después. Cualquier agencia estatal debe responder por sus obligaciones en igual medida a las potestades que se le han conferido. Saludos

  3. Me subo al primer artículo de Valentín sobre el tema, para comentar su “dictum” acerca del valor de la jurisprudencia internacional y reforzar su duda acerca del “posible” cambio de posición de la Corte argentina sobre el valor de la jurisprudencia internacional. En realidad, no creo que la Corte haya modificado su postura, por una única razón: la Corte, sobre este tema, jamás ha tenido una “postura”, sino que ha acomodado su visión del valor del precedente internacional a su interés particular. Fijense que la Corte Suprema jamás ha extendido la en mi opinión errónea doctrina del “control de convencionalidad” fuera del ámbito de las groseras violaciones de los Derechos Humanos cometidas por agentes estatales o paraestatales, configurándo así un verdadero “doble estandar” en la aplicación del principio (ver http://cedecu.edu.uy/uploads/media/mdCategory/71a2ac42dce2da922e396e041feae9d3.pdf que en versión ampliada expuse en el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires).

    • Gracias por el aporte, Alfredo. Coincido en que a la Corte Suprema le falta recorrer un largo camino de armonización jurídica respecto del derecho internacional y, en particular, de las decisiones de la Corte Interamericano. Hasta ahora, ha demostrado voluntad política de seguir sus dictados, ha usado su jurisprudencia como escudo cuando ésta era coherente con sus propias decisiones y ha tratado de esquivarla, ignorarla o minimizarla cuando no lo era. Yo creo que sí ha tenido una postura al respecto, lo que pasa es que esta no ha sido tanto jurídica normativa (en el sentido de la ciencia jurídica) sino de política judicial. La Corte Suprema quiere mostrarse siguiendo los dictados de la Corte Interamericana y, pudiendo desarrollar doctrinas propias e innovativas que problematicen ese seguimiento, sin embargo no lo hace. En la práctica, ello puede dar lugar, claramente, a un doble estándar.

  4. Alejandro, tiro una idea con relación a tu último párrafo. Para mi -y lo vengo rumiando desde hace mucho-, hay que tener un plazo de prescripción largo y un plazo de proceso corto. Me explico. Un hecho sencillísimo con un plazo de prescripción corto puede ser insuficiente si el hecho o el imputado se descubren tarde. Lo importante es que cuando el Estado imputa a una persona por el hecho se apure. Podría tomarse como inicio del plazo razonable del proceso a cualquier medida que intervenga en los derechos del imputado -allanamiento de su domicilio, detención, convocatoria a indagatoria- y a partir de allí poner un plazo razonable para la condena. En definitiva habría que diferenciar claramente prescripción de plazo razonable, pudiendo discutirse a partir de allí un montón de detalles -si la injerencia sobre un imputado suspende o interrumpe la prescripción, cuándo se empieza a contar el plazo razonable del proceso, hasta cuando, etc.

    • Gracias Santiago. Me parecen buenas ideas, yo también creo que hay que diferenciar prescripción de plazo razonable y hay muchas formas de hacerlo.
      Alejandro

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