Festivales de presos

Leo hoy que el Juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni opinó que “aunque no existieron irregularidades de ningún tipo”, pudo haber sido “un error político” el episodio de las recientes salidas de presos condenados por homicidio hace pocos meses a penas muy graves (18 años uno y prisión perpetua el otro) para asistir a “tareas culturales” (conciertos, festivales) de la mano de una agrupación política de militancia kirchnerista y horrible nombre, fundada por el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Sr. Hortel. Dijo el Juez que preciso es “evitar el escándalo” que provocó esta medida (no porque sea esencialmente escandalosa, sino porque “los medios pueden hacer un escándalo de cualquier cosa”) y que “no hay que quemar las banderas”.

Me parece que la gravísima cuestión merece algunas reflexiones.

La Ley Penitenciaria (24.660) mantiene un criterio de progresividad en el cumplimiento de cualquier pena de prisión que divide en cuatro períodos a) observación; b)  tratamiento (que puede dividirse en fases); c) prueba y; d) libertad condicional (art. 12). Sólo en el tercer período (el de prueba) puede el condenado obtener la posibilidad de gozar de salidas transitorias como parte de su incorporación a un régimen de semilibertad y la preparación de su vuelta a la sociedad (art. 15) y una vez superado el tratamiento y transcurridos ciertos tiempos. En el caso de penas de prisión temporales (supuesto de Vásquez, condenado a 18 años de prisión) transcurrida la mitad de la pena y en el caso de prisión perpetua (supuesto de Pintos) a los 15 años (art. 17). No se prevén en la ley supuestos excepcionales.

En su obra dogmática más reciente,  Derecho Penal Parte General (Ediar 2002, en coautoría con Alejandro Alagia y Alejandro Slokar) Zaffaroni describe prolijamente este régimen de la ley (p. 952/3) y luego critica la postura de Ferrajoli quien desde el garantismo liberal (“paradojalmente”, acota Zaffaroni) “se pregunta cual es la función de un sistema penal escindido que prevé y dispone penas severas en sede legal y judicial, para más tarde desmentirlas con una serie de dispensas e indulgencias dispensadas discrecional y sistemáticamente en sede de ejecución administrativa, afectando la legalidad, la certeza y la igualdad penal”.

En efecto, la sensatez de Ferrajoli siempre ha sido una piedra en el zapato para nuestro garantismo vernáculo. Afirma Zaffaroni en su obra, que la flexibilidad e indeterminación es en beneficio (sólo) del condenado (discutible, por lo que dice Ferrajoli), que las garantías y límites deben operar siempre frente al Estado y no a la inversa, es decir, contra el condenado, y que los regímenes de salidas transitorias, semilibertad o libertad anticipada son derechos y no potestades, o beneficios graciosos que serían inadmisibles en cualquier estado republicano (p. 954/5; en todo lo cual estamos de acuerdo, pero una vez que se cumplan los plazos de la ley). Concluye que “si la ley no perfecciona criterios es la jurisprudencia –y el derecho penal como programación de ésta- la que debe establecerlos (y) si los organismos administrativos dictaminan conforme a criterios que el juez no comparte, éste debe reivindicar su jurisdicción y decidir fundada y razonablemente contra su opinión” (p. 955). Si el llamamiento al activismo judicial se refiere al aseguramiento de los derechos que la ley y la Constitución reconocen en contra de decisiones administrativas arbitrarias, adelante. Si se trata de sustituir la ley por los jueces, pues no.

Creo que no estamos frente a “un error político” sino a una clara y repetida violación de ley, encarnada en una estudiada provocación que suscitó legítimo escándalo en nuestra sociedad y, por cierto, chamuscó varias banderas. El innegable contenido retributivo que tiene la pena (junto con el preventivo, que legítimo es asignarle y cuya falla sistemática preocupa) invita más a la reflexión profunda que propone Cohen Agrest, que a los tambores batientes de Vázquez, de los que habrá que prescindir por un largo tiempo.

Acerca de Alejandro Freeland

Freeland & Subías abogados. Penalista. Posgrado en Derecho de la Integración Universidad de Navarra. Diplomado en Estudios Europeos (Instituto de Estudios de la Integracion Europea), Master en Derecho y Magistratura Judicial (U. Austral). Profesor de Derecho Penal UBA y Austral.
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10 respuestas a Festivales de presos

  1. VTC dijo:

    Es notable cómo los Ministros (ya le había pasado a Lorenzetti en la Apertura del Año Judicial 2012) deben ajustar su discurso de acuerdo a las repercusiones que este va teniendo. Veamos, si no, sus declaraciones iniciales sobre el tema: http://www.lanacion.com.ar/1495226-zaffaroni-advierte-que-los-presos-pueden-salir-solo-despues-de-la-mitad-de-la-pena
    Respecto del debate jurídico, resulta interesante la nota de Eduardo Videla en Página 12 (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-200367-2012-08-05.html). ¿Se le aplica a los procesados el régimen de la ley o no? A priori, pareciera que el tema requiere de un debate y análisis mayor… El tribunal que autorizó las salidas de Vázquez, por ejemplo, no dice nada sobre el tema (http://www.cij.gov.ar/nota-9546-Comunicado-del-Tribunal-Oral-en-lo-Criminal-N–20-de-la-Capital-sobre-la-situacion-de-Eduardo-Vasquez.html)
    Hay en este tema cuestiones relacionadas con la política criminal y penitenciaria, además de cuestiones políticas partidistas. A veces es díficil deslindar una discusión de la otra y eso hace que el debate sea un discurso de sordos. Respecto a lo político, me pareció interesante la nota de ayer de Fernández Díaz (http://www.lanacion.com.ar/1496460-el-kirchnerismo-juega-con-fuego-en-las-carceles)

  2. Vasco de Caballito dijo:

    La crítica desde el punto de vista legal es tan incorrecta que es suficiente con leer algunas de las notas citas por VTC para comprenderlas. Es obvio que no es lo mismo las condiciones de las salidas transitorias a las que hace referencia AF que estas “salidas” en las que los internos no tienen autonomía alguna. En esto no tiene ninguna relevancia (o no debería tenerla) ni el carácter de procesado del interno involucrado ni las referencia al régimen de progresividad.

    Desde el punto de vista de la política criminal no esta claro si la crítica es por la posibilidad de que a) internos realicen actividades culturales, b) de que no todos los internos accedan a tales actividades, c) que a estas actividades accedan internos procesados/condenados (tache lo que no corresponda), d) de que las actividades sean organizadas por una agrupación partidaria, e) de que las actividades sean organizadas por una agrupación no estatal, f) que el Director del SPF se involucre personalmente en las actividades dirigidas a la recreación de internos y familiares

    Hasta ahora, con alguna excepción (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-200140-2012-08-02.html), sólo he leido críticas que superponen argumentos que no son compatibles. Ello incluye distinguidos magistrados, constitucionalistas de nota, funcionarios incapaces de explicar lo que sucede en la cárcel y, lamentablemente, este post.

    Saludos

  3. Fede de Boedo dijo:

    Aplausos de pie, para el comentario del Vasco de Caballito

  4. A mí me parecen bien: legales y constitucionales las salidas. Y me da vergüenza que Zaffaroni, como muchas veces hacen él y Lorenzetti, trate de modificar la legalidad por razones de repercusión mediática. Que la Corte sea cabeza política del Poder Judicial no alude a la política chica que se hace en los medios…

  5. GerardoD dijo:

    Los argumentos incompatibles han salido de todos lados. No se han encuadrado legalmente a estos casos como las salidas transitorias previstas a mitad de la condena (asequiibles no sólo a los penados, sino con más razón creo yo, a los procesados sin condena firme), como erróneamente sostuvieron críticos y festejantes de esta medida. Tampoco se puede hablar de resocialización respecto de personas que no han sido condenadas. Qué es eso?, si todavía conservan el estado de inocencia! Este tipo de salidas excepcionales bajo custodia, suelen emplearse habitualmente solo en caso de fallecimiento de algún familiar o algún acontecimiento verdaderamente excepcional (nacimiento de un hijo.etc) Lo concreto aquí y lo que irrita con razón, es que estas salidas -inusuales para el preso común-, se han otorgado como privilegio a verdaderos presos vip, privados de libertad por escaso tiempo con causas gravísimas, gracias a su vinculación con el poder político de turno, a través de una agrupación partidaria íntima con el director del SPF. Y basta del verso de que eran salidas “culturales”, son claramente salidas a actos y actividades partidarias, oh casualidad! del partido en el poder, propiciadas por el sector al que pertenece Hortel. Muchas casualidades y una patente desigualdad que irrita al preso común, para quien, por causas mucho menos graves y con expectativas de pena muy inferiores, acceder a esos privilegios es practicamente inalcanzable

  6. Vasco de caballito dijo:

    Gerardo, recomiendo la lectura de los artículos 11 y 178 de la ley 24660 para advertir que desde el punto de vista normativo cualquier debate esta zanjado.
    Por otra parte no hay que ser muy erudito para advertir que la prisión no hace bien, que es plausibel atenuar sus consecuencias y que resultaría bien paradójico que la inocencia al procesado todavía le juegue mas en contra: ¡Encima que estás preso sin sentencia, te tratan peor que a un condenado !
    Finalmente, una cuestión para el debate: estas actividades ¿son un mecanismo eficiente para ganar adherentes?

  7. Luis Raña dijo:

    Estimados: En principio, debo decir que el plateo de Alejandro para incitar este debate deviene en procedente y actual. Sin embargo y estando muy lejos de ser un normativista a ultranza, a pesar de ello prefiero las palabras de Ferrajoli, pues el garantismo que este pregona nada tienen con ese absolutismo escondido detras de una GARANATISMO DE MENTIRA que esgrime Zaffaroni. Pero, me parece que lo mas importante en este tema de si salidas si o salidas no, si son constitucionales o si nos gustan o no, es que debemos enfocar esta situacion desde otra optica: desde las victimas y sus familiafres en lugar de hacerlo desde el delincuente. Ya Fletcher y Morris nos advertian, en su “teoria” de la pena lo que esta significaba para la victima en razon del desequilibrio a la sociedad que generaba el delincuente con su accionar delictivo. Y el tema no es menor, pues aunque a algunos no les guste y, mas alla de la resocializacion que debe procurarse al reo, la pena es un castigo al bien protegido lesionado y tales castigos, deben cumplirse. Y esto no se trata solo de “politicas” o “ideologias”, sino de las acciones que estado debe realizar en pos de la proteccion de los ciudadanos. Si esto no se entiende asi, entonces dennos a todos la libertad de defensernos como mejor nos parezca, ya que el propio estado prefiere amortiguar el castigo que la propia ley ompone a los delincuentes en detrimento de la proteccion a la sociedad a la que esta obligado. Esto es sencillamente inentendible. Y no quiero hacer la tan conocida comparacion de:”pensarian lo mismo aquellos que defiende ese abolicionismo si les mataran un hijo o a su esposa”?, porque no seria justo, ya que nadie que no haya pasado por eso puede afirmar que haria en esos casos. Pero…, si de positivismo juridico se trata…las leyes deben cumplirse! y todos deben cumplirlas! con mas razon los jueces, porque lo que esta en juego es la ciudadania!!!!
    PD: excelente tema para el debate. Gracias Alejandro!!!!

  8. Gracias a todos por sus jugosos comentarios.
    Vasco: creo que los condenados deberían disfrutar de todas las actividades culturales posibles y a las que voluntariamente se presten. Pero DENTRO del penal mientras dure su condena y hasta tanto puedan gozar de salidas controladas en los términos y en los plazos de la ley. cordiales saludos.

  9. JCRK dijo:

    ¡¡ Vaya detalle que tan acertadamente colaciona al asunto, en su comentario de arriba, Luis Raña, que por vital en demasía trascendente para que tanto se lo disimule, o, peor, malogre: “atender a la víctima y sus familiares” !!.-
    Si a unos 2.000 años que advierte Séneca “el bandido no es mi juez, es mi asesino”, entonces que tardos en entendimiento muchos.-
    Formidables las fundadamente razonables y congruentes palabras de Cohen Agrest, que persuasivamente imponen más que invitan la reflexión; y, desde ésta, la llana y objetiva adhesión: obvio, insobornablemente obvio, desde lo legal y lo político, digo, desde lo humano, que sin castigo no existe justicia (raro que ausente el festinado ocurrente que, como del Don Juan de Zorrila, del delincuente alege que ya “Dios se lo hará pagar”).-
    De prolongarse estos “garantismos” y privilegiamientos para con el victimante, de perseverarse con la iniquidad de estos libertinajes, memórese a von Ihering y a las consecuencias de estos “asesinatos judiciales” -en grafía del jurista-, que sin hesitación lo son estas inmorales incivilidades. Nadie las merece; ni el Pueblo ni la Patria, así no lleguemos a los Miguel Kholhaas ni al “derecho a la desobediencia”.-
    Pero algunos, al modo del fantástico lugoneano Izur, más hablan con la palabra mecánica que la sensata, claudicando, como el mono, “en la degradante igualdad de los inferiores”.-
    Que, ¡vamos!, no es la “justicia de Shylok”, el judío de Vencia, la que se vindica.-
    No recuerdo que si por leído u oído, sí, que al asesino de John Lennon le frustraron -por cuarta o quinta vez-, su pretensión de libertad por expresa oposición de los familiares víctimizados.-
    Si venidas también del dolor y por éste, además, abonadas, más insisto enrolamiento con las palabras de Cohen Agrest.-

  10. GerardoD dijo:

    Vasco conozco los artículos y la ley de ejecución nacional entera. También si lees el art. 1 de la 24660, te da para imaginar cualquier cosa (hasta viajes a Disney) Ahora, eso no cambia lo que dije, ni implica que el debate normativo está zanjado. Qué fácil la hacés! Que toda privación de libertad es un padecer para el individuo no cabe duda, pero aunque seas abolicionista, que las penas de prisión son legales en nuestro derecho tampoco. Destacaba que lo central en mi criterio era es el hecho de que a cualquier preso común, procesado o no, con condenas o expectativas de pena muchisimo menores que los casos expuestos, salidas de este tipo le son inalcanzables. Ese privilegio originado en vinculaciones políticas, es lo que más irrita a esos presos y sus familiares. Y la desigualdad de trato consecuente (más si estas salidas las maneja una agrupación presuntamente cercana al jefe del SPF). Y lo que no se condice para nada con el texto del art. 178 es la posibilidad de realizar actividades de neto corte político partidario (no jodamos con que eran culturales!) FUERA del establecimiento penitenciario. No importa si politicamente sirve para algo, lo que sí se logra con esto es un retroceso y malestar generalizado para con todos los beneficios o salidas a las que sí tienen derecho innegable todos (no algunos privilegiados) aquellos privados de libertad.

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