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Sobre la Inconstitucionalidad del Juicio por Jurados
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Sobre la Inconstitucionalidad del Juicio por Jurados

by Eduardo LapentaAbril 28, 2015

El Juez Carlos Pagliere, integrante del Tribunal Penal Oral de Azul,  declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.543, en los autos caratulados “B, D.J. s/homicidio simple en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa”. La ley modificó el Código de Procedimientos Penal, y estableció el Juicio por Jurados en la provincia de Buenos Aires.

El Código de Procedimiento Penal establece el Juicio por Jurados para delitos cuyo máximo supere los 15 años de prisión, pudiendo el imputado renunciar a esa forma de juzgamiento, optando por la integración con jueces. El Tribunal de Jurados se integra con un Juez como Presidente, doce ciudadanos titulares y seis suplentes, que son seleccionados en forma aleatoria, excluyendo abogados, escribanos y procuradores, entre otras restricciones.

El art. 338 CPP establece que se sortea un Juez como Presidente del Tribunal de Jurados, y habiendo sido designado el Juez Pagliere, en ese carácter y en forma individual, resuelve la declaración oficiosa de inconstitucionalidad, que ha sido recurrida ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul. Pese a no hallarse firme, los fundamentos merecen la atenta lectura de la sentencia, porque es un valioso aporte para comprender la institución en examen.

La sentencia utiliza un lenguaje llano y una argumentación enfática, complementada con analogías a la profesión médica. Desenvuelve lo que considera la violación “de no menos de seis principios constitucionales fundamentales, lo cual impone declarar su inconstitucionalidad y sustraer la causa al trámite de juicio por jurados”, y enumera: el sistema federal, el sistema republicano, el sistema representativo, el principio de idoneidad, el juez imparcial y el principio de igualdad.

La Constitución de la provincia de Buenos Aires, en ejercicio de potestades propias de su autonomía, organizó el sistema de justicia y, a diferencia de la Constitución Nacional, no mencionó el Juicio por Jurados diseñando órganos que pueden interpretarse excluyéndolo (art. 166 y ss). Además, en el art. 168 impuso la motivación en las decisiones jurisdiccionales “Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas”, y ante la posibilidad de ser infraccionado este precepto, la propia Constitución estableció un específico recurso extraordinario de nulidad ante la Suprema Corte de Justicia (art. 166 inc. 3° punto “b”. Ello es contradictorio con la decisión del Jurado clásico, que se expide sin expresar razones, y confronta con la ley 14.543 que impone un veredicto que “no podrán incluir ningún otro aditamento o aclaración” (art. 371 quarter CPP).

La sentencia comentada avanza con argumentos que van más allá de la Constitución provincial y, de receptarse en otros pronunciamientos judiciales, pondrían en crisis la aplicabilidad en el ámbito nacional.

Se presenta al Juicio por Jurados como una forma de democratización de la justicia, como un sistema que pretende asegurar el enjuiciamiento de los poderosos, políticos, económicos o mediáticos,  colocándolos en un pie de igualdad ante el Jurado Popular, con quienes integran los restantes sectores sociales. El argumento es insostenible. La experiencia nos demuestra que la selectividad penal se produce en una etapa previa. Los delitos denominados de cuello blanco culminan, en su inmensa mayoría, con el desistimiento fiscal, rechazo de la denuncia, sobreseimiento o prescripción de la acción penal. En todo caso, sería allí adonde un Jurado Popular debería revisar la investigación del ilícito para asegurar su continuidad, cuando corresponda, evitando que sea abortada.

El aspecto más conflictivo del Juicio por Jurados es la falta de motivación del veredicto. Nada impide que los miembros de un Jurado de 12 miembros fundamenten su veredicto, excepto la prohibición legal establecida. Los cuerpos colegiados de integración numerosa, no están constitucionalmente liberados de motivar sus decisiones. Un desarrollo de este punto puede verse en el voto del Juez Soria en autos “Zarlenga c/Consejo de la Magistratura” (SCBA, 2002, B62241). El ser humano es racional,  y cuando no se expresan las razones de una decisión, cabe presumir que existen, pero que no se quieren decir porque no enaltecen a quien la adopta. Aquí el legislador obliga a los Jurados a callar, tal vez porque él mismo no confía en que fueran valiosas y sostenibles.

Cabe suponer que prohibiendo la fundamentación, se pretende evitar la discusión posterior, lo que conlleva una restricción sustancial al derecho de defensa. Esto da pie para que el Juez Pagliere afirme, en uno de sus argumentos que, incluso, los Jurados podrían condenar al acusado, convencidos de su culpabilidad por pruebas obtenidas de modo ilegítimo. Seria retroceso sustancial en materia de derechos humanos.

El fallo en comentario me recordó la excelente conferencia de cierre de Efraín Quevedo Mendoza, “República, Democracia y Proceso”, en el Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista, que se celebra en Azul cada dos años, en su VIII edición (2006). Luego de numerosas y calificadas intervenciones a favor del Juicio por Jurados, el conferencista solo dijo “discrepo”, y añadió, voy a dar dos razones:

La primera, que la pretensión de legitimar democráticamente el órgano judicial por su estructura –visto el fracaso de la legitimación de origen–, a través de la incorporación de elementos extraídos del pueblo,  de un grupo de ciudadanos seleccionados al azar, es solo un símbolo. Remitir o asimilar la voluntad del Jurado con la voluntad popular, es un supuesto no verificado.

La segunda, porque significa una modificación sustancial en la estructura de la decisión judicial. De ser una expresión del análisis razonado de elementos de convicción, pasa a ser la convicción intima de un cierto grupo de personas. El Juicio por Jurados considera la decisión judicial como algo que es el fruto de la fe en el hombre común, en el sentido intuitivo de justicia, y debemos tener esa fe para aceptar esta forma de juzgamiento.

Y concluyó citando a Alfredo Mooney, un importante defensor del Juicio por Jurado Popular “El jurado busca esa justicia que al decir de Chevalier es un ideal porque es un misterio y es un misterio porque es un ideal. La razón cartesiana es una vía de conocimiento, el Jurado popular usa la razón cotidiana de la diaria cultura de vivir y apela en términos pascalianos a las razones del corazón que la razón no entiende”

Un tema para seguir, en su evolución jurisprudencial.