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Un ojo en la Sala de Acuerdos, el otro en el Congreso
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Un ojo en la Sala de Acuerdos, el otro en el Congreso

by Valentin Thury CornejoMayo 13, 2015

Doble pantalla en la película sobre Carlos Santiago Fayt y su condición psico-física para ejercer el cargo de Ministro de la Corte. Por un lado, la prueba de la realidad que supondría su concurrencia al acuerdo semanal del Tribunal que integra. Por el otro, ya conocida su ausencia, la sesión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para decidir el comienzo de una investigación. No era solo Fayt el que estaba en juicio ayer, sino que las miradas volvían a lo que la ausencia del Ministro demostraría: la incapacidad de la Corte Suprema para funcionar con la actual conformación de 4 miembros. ¿Cómo respondieron los Ministros Lorenzetti, Highton y Maqueda? Según Adrián Ventura, en La Nación, tratando de mostrar normalidad y de acuerdo a Irina Hauser, de Página 12, hiperactividad. Es verdad que hizo varias cosas, todas ellas comunicadas a través del Centro de Información Judicial: pidió fondos para aumentos salariales del Poder Judicial y sacó una lista de fallos con un denominador común: el rechazo de recursos para intervenir. Así lo hizo, a través de un 280, para el caso de juicios de lesa humanidad por crímenes en la ESMA, cerró el juicio contra Fernando de la Rúa por los sucesos de diciembre de 2001 y desestimó las quejas de Carlos Carrascosa en el caso García Belsunce y de Susana Freydoz, condenada por el asesinato de su marido, el entonces Gobernador de Río Negro, Carlos Soria.

Quizás la mas notable de estas sentencias, al menos en lo que hace a los usos y costumbres de la Corte Suprema, sea la dictada en el caso Taranto, referido a las denuncias por torturas y abusos cometidos sobre los soldados durante la guerra de Malvinas. Se solicitaba allí que la cuestión fuera declarada como de “lesa humanidad”, pero la Corte rechazó el recurso por no existir sentencia definitiva y equiparable y se ganó la reprimenda de la Presidente, constitucionalistas y periodistas varios. Al resolver el recurso de revocatoria sobre esa decisión original, Lorenzetti, Highton y Maqueda evitan los habituales tres renglones por los cuales la Corte rechaza todas las quejas sobre sus propias decisiones y explica sus motivos:

“… la decisión traída a esta Corte a través de este recurso de hecho era la lisa y llana aplicación de la doctrina sentada por la Cámara Federal de Casación Penal a través de un pronunciamiento cuyo acierto o error no podía ser actualmente revisado por esta Corte debido a que había pasado en autoridad de cosa juzgada, y la decisión que finalmente hizo lugar a la prescripción no fue más que su consecuencia, motivo por el cual, este Tribunal no se ha expedido en este recurso sobre el fondo del asunto.”

Irina Hauser destaca que la ausencia de Fayt al acuerdo fue un “golpe para Lorenzetti con quien, contra algunas suposiciones, su relación no ha sido fluida y equilibrada”. Los fallos mencionados habrían sido las que concitaban las tres firmas presentes “(p)ero existen otros, en especial casos contra el Estado, en los que Highton es reticente a sumar voluntad si encierra algún impacto negativo para el Gobierno. Un fuerte rumor tribunalicio decía esta semana que lo necesitaban a Fayt para firmar un fallo que amenazaba con tener impacto en los mercados. Justo esta semana no parecía la mejor para que firmara desde su casa.”

En el Congreso mientras tanto, la cuestión iba de lo político a lo jurídico y volvía. En la reunión de la Comisión de Juicio Político, relata Página 12, ” el kirchnerismo aprobó con 19 votos a favor y 9 en contra el dictamen presentado por su presidenta, la diputada Anabel Fernández Sagasti, en el que se proponen distintas medidas probatorias, como la citación a funcionarios de la Corte, abogados y periodistas, entre otros”. Según su informe “la investigación no pretende poner en duda la trayectoria ni honorabilidad del magistrado, sino corroborar las capacidades y habilidades de quien en su carácter de integrante de la Corte Suprema es llamado a decidir sobre las causas de mayor trascendencia institucional del país”. La discusión jurídica pasaba por las competencias de la Comisión, quien según el art. 10 del Reglamento de la  Cámara de Diputados de la Nación, puede “investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución…”. Los términos son vagos, pero la discusión se centra en cómo se activan esas facultades de investigación. Para la oposición, solamente cuando hay una denuncia o un pedido formal de juicio político. Para el oficialismo, basta con la nota presentada en 2014 por Aníbal Fernández con la que se inicia el expediente. La oposición retruca que esa nota está vencida porque estamos en un nuevo período parlamentario.

Se produjeron 13 citaciones que, según La Nación, incluyen “al secretario general de la Corte, Jorge Kraut; los secretarios letrados, Cristian Abritta, Pablo Hirschmann, Cecilia Hockl, Gisela Dambrosi, Marcos Morán; al chofer de Fayt, Mario Degamba; los integrantes de la Secretaría Privada de Fayt, Adriana Vázquez y Rosario Horno; el periodista de Página 12 Horacio Verbitsky; la periodista de CN23 Ana Vainman, y los periodistas del programa Gente de Derecho, de Radio América, Leonardo Scolpatti y Sergio Paz”. La estrategia política se muestra inteligente, pues evita el ataque directo a Fayt que se produciría con una convocatoria a la Comisión, y la situación de parálisis que se daría ante su negativa a concurrir. Allí solo restaría el inicio del juicio político, para el que el oficialismo no tiene los votos de dos tercios necesarios. Con este posicionamiento de las fichas, se mantiene el clima político de sospecha sin apurar la definición. Con las sucesivas declaraciones, probablemente, seguirán creciendo las conjeturas y trascendidos, mientras crece la presión sobre la Corte Suprema. Salvo que se produzca la condición resolutoria y Fayt reaparezca en plenitud.

 

 

 

Foto: Georgie Pauwels / Bobs Furniture / CC BY