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Inamovilidad, divino tesoro
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Inamovilidad, divino tesoro

by Valentin Thury CornejoDiciembre 2, 2015

Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él (Primera Ley de Newton)

La reciente contienda electoral ha traído una nueva fuerza política al gobierno de la República Argentina y, con ella, la aspiración de producir cambios en varios sectores del Estado. Algunos de ellos, como los distintos Ministerios, no producen mayor dificultad que articular una transición razonable. Otros, en cambio, se realizan sobre instituciones que gozan de algún tipo de reaseguro para sus titulares y los alejan de los avatares electorales. ¿A cuánta distancia los ponen? Esa es la gran pregunta que se produce en estos días, a raíz de la voluntad manifestada por el Presidente electo de que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, renuncie a su cargo o, si no lo hace, articular alguna estrategia legal -aún desconocida- para que se produzca esa vacante. En esas estábamos cuando la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, declaró en la radio que:

… el cargo de procurador general de la Nación que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó “es vitalicio” y por lo tanto “la única manera de dejarlo es a través de un juicio político”. Al respecto, agregó que esa situación “es la misma que con el cargo de un ministro de la Corte Suprema, el de la Defensoría General de la Nación y todos los cargos del sistema judicial”.

Haciéndose eco de esas declaraciones, sostiene Mario Wainfeld en su columna dominical de Página 12 que

“… el caso más chocante es el de la procuradora general. Por mandato constitucional cuenta con acuerdo del Senado, revista en otro poder del estado, goza de estabilidad similar a los jueces, solo es removible mediante juicio político”.

Highton asimila el cargo de Procurador General al de Ministro de la Corte, y Wainfeld agrega que esa similitud se da por “mandato constitucional”. ¿Es esto así? Rotundamente, no. El artículo 120 de la Constitución Nacional, que incorpora el instituto del Ministerio Público dice que “es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República (…) Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”. Hasta allí llega la protección constitucional. Ni es inamovible por su imperio ni el único modo de removerlo es el juicio político (el art. 53 CN sólo menciona como funcionarios sometidos a ese proceso al “presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema”).

Ahora bien, ¿de dónde proviene su garantía de inamovilidad? De la ley dictada por el Congreso Nacional que regula la Procuración General. La ley 24946 la preveía en su artículo 13 y la nueva Ley Orgánica Nro 27148 lo hace en el artículo 62:

Art. 62.- Estabilidad. El Procurador General de la Nación, los procuradores fiscales, el fiscal nacional de investigaciones administrativas, los fiscales generales, los fiscales generales de la Procuración General de la Nación, los fiscales y los fiscales de la Procuración General de la Nación gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad.

El art. 76 prevé el mecanismo de remoción para el Procurador General, que la ley dispone que puede ser solo por las causales y el procedimiento previsto por la Constitución para el juicio político. Ergo, donde la Constitución prevé para el Ministerio Público autonomía funcional y para el Procurador inmunidad funcional e intangibilidad de remuneración, la ley las reglamenta dándole al cargo carácter de vitalicio y disponiendo el juicio político como mecanismo de remoción. Esto pone en duda las declaraciones de Highton de Nolasco, en el sentido de que lo que ella sostiene es lo que dice actualmente la ley, pero esa regulación no ha sido sometida todavía al control de constitucionalidad sobre su correcta adecuación a la norma fundamental. Así, lo que podemos afirmar con seguridad, es que Highton ha adelantada opinión en esa posible controversia. Es sostenible -creemos que con buenos fundamentos- la opinión contraria.

Respecto de la inamovilidad, la Constitución prevé que la Nación Argentina adopta la forma republicana de gobierno (art. 1) y esta supone la limitación del poder, como nota fundamental, lo cual conlleva la rotación en los cargos públicos. Este principio, bien lo sabemos, no es absoluto pero sí debe estar explícitamente dispuesto en la norma constitucional, como una variante aristocrática a esa forma de gobierno. Si siguieramos esta línea argumentativa -aquí embrionariamente expuesta- podríamos sostener que el carácter vitalicio de los cargos de gobierno es un “privilegio” de interpretación restrictiva y limitada a los previstos especialmente en la Constitución. Mutatis mutandi, así lo sostuvo nuestra Corte Suprema respecto de la posibilidad de someter a juicio político a funcionarios no enumerados en el texto constitucional, en el caso Molinas c/Nación Argentina del 24/9/1991:

“Los únicos magistrados y funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político son los que enumera el art. 45 de la Constitución Nacional, y una ley de rango inferior no puede crear más inmunidades que las que contiene la Carta Magna” (Fallos 314:1091)

Dice la Corte en la sentencia que tal conclusión no se ve afectada por el hecho de que el funcionario haya sido nombrado por acuerdo de dos terceras partes de los miembros del Senado, porque si se admitiese la discrecionalidad del Congreso para ampliar los casos previstos en el texto constitucional, se vulneraría el principio de igualdad ante la ley, “que es derivación directa del sistema republicano adoptado por nuestra Constitución Nacional” (cons. 6). Esta jurisprudencia, por su parte, fue ratificada de forma expresa luego de la reforma de 1994, en el caso “Solá” (Fallos 320:2509).

Tanto la inamovilidad en el cargo como el mecanismo de remoción limitado a las causales y procedimiento de juicio político, como vemos, no están previstos en el plan constitucional y son discutibles desde el punto de vista republicano. La asimilación que hace Highton entre el régimen aplicable al cargo de Procurador General y el de Ministro de la Corte Suprema tambalea. La Constitución dispone que el Procurador General debe gozar de “autonomía funcional” (no recibe instrucciones) e “inmunidad funcional” (de arresto, opinión, imposibilidad de traslado sin conformidad, etc.), pero estos son conceptos que tienen significados específicos en la jurisprudencia de la Cortey no son equivalentes a “estabilidad vitalicia” (cf. caso Torres c/Ministerio Publico, del 27/12/2012) .

Ahora bien, que la Constitución no diga que el Procurador General sea inamovible no significa que el mismo pueda ser removido en cualquier momento o discrecionalmente. Simplemente, supone que hay amplitud de debate respecto de como se materializan los valores previstos en el artículo 120 y que hacen a la función del Ministerio Público. Son varios los esquemas institucionales posibles para asegurar la magistratura idónea e imparcial a la que aspiramos. Sólo debemos descartar aquellos que violan la Constitución y el ideal igualitario que está en la esencia de una verdadera república.