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Pompa y circunstancia: F.A.Q.
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Pompa y circunstancia: F.A.Q.

by Martin OyhanarteDiciembre 8, 2015

La transición viene difícil. La presidenta actual y el electo están en un duelo de posicionamiento político con varios frentes. En el centro de la discusión hoy está el ceremonial. Al parecer, Cristina se niega a entregar la banda y el bastón fuera del Palacio del Congreso, y Mauricio se niega a recibirlos fuera de la Casa Rosada.

En ese contexto, la solución de la crisis podría depender nada menos que de la Corte. Dijo el presidente electo: “si la Presidenta no entrega los atributos en la Casa Rosada, lo hará la Corte Suprema“. Desde el blog esta declaración es recibida como suficiente batiseñal, es decir, invitación para que los Supremos entren al rescate de la escena y habilitación para que opinemos.

 1.- ¿Cómo debemos referirnos a las ceremonias del día 10?

Traspaso de mando”, titulan Clarín y Tiempo Argentino, queriendo, acaso, cerrar la grieta. “Transmisión de mando”, las llaman oficialmente el reglamento de Ceremonial de Presidencia de la Nación y las invitaciones del Senado. Son expresiones gráficas e intuitivas. Pero coinciden en el error: el poder no es una cosa que pasa de un lugar a otro ni, mucho menos, que una persona entrega a otra.

La Argentina es una república, y el Poder Ejecutivo no está en el peculio de nadie. Se trata de una función pública que desempeña un ciudadano a partir de determinado acto formal de “asunción”. Las expresiones “traspaso” o “transmisión” no solo no reflejan adecuadamente el espíritu republicano, sino que denotan, equivocadamente, que el presidente saliente tendría en esta instancia algo que hacer.

 2.- ¿Cuáles son las ceremonias del día 10?

Existen dos ceremonias. Una de jura, regulada por la Constitución. La otra, de carácter protocolar y simbólica, en donde el flamante presidente recibe una banda y un bastón hechos al efecto y a su medida.

De acuerdo con la Constitución, en su artículo 93, sólo está prevista una ceremonia en la que “el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea”. Allí concluye toda formalidad.

La ceremonia protocolar que sigue a continuación, en donde el nuevo presidente recibe la banda y el bastón, no está reglada a nivel constitucional y puede realizarse en cualquier sitio, o en ninguno. Aunque las normas de Ceremonial y el dictamen del Dr. Zamba nos indican que el lugar tradicional es el Salón Blanco de la Casa Rosada.

En los dos casos, el presidente saliente no tiene arte, parte ni función legal. Queda muy bien que haga la entrega de los símbolos pero, llegado el caso, ambas ceremonias podrían realizarse sin su presencia o consentimiento.

 3.- ¿Dónde debería tener lugar la ceremonia de jura? ¿Es posible jurar en Barrio Parque?

En cuanto a la ceremonia constitucional de jura, sostiene Fernández, jefe de Gabinete, que la Constitución obliga al Congreso a funcionar por la zona de Congreso. No obstante, tal afirmación no tiene asidero histórico o constitucional.

La primera sesión del Poder Legislativo tuvo lugar el día 22 de octubre de 1854, a las 11 horas, en una iglesia de la ciudad de Paraná. Desde entonces, anduvo por Montserrat (a pasitos de la Rosada, en el actual edificio de la AFIP), paró unos meses por Belgrano (en el Museo Histórico Sarmiento), y terminó recalando en el actual Palacio sito en Balvanera. Todo ello, sin modificar una coma de la Constitución.

Más aún, sabemos que hace poco se realizó una sesión en Ushuaia, para reclamar soberanía sobre Malvinas. Y que, p. ej., el reglamento del Senado, en los artículos 30 y 98, dice que puede sesionarse válidamente en un lugar distinto de la sede, dadas circunstancias especiales.

Por lo tanto, lo único que exige la Constitución es que la jura se realice ante el órgano “Asamblea Legislativa”, sin fijar a tal efecto sede alguna. Como se dijo, no existe impedimento constitucional o reglamentario para que esa Asamblea se constituya en Balvanera o Barrio Parque. O en Puerto Madero, si fuera menester.

4.- ¿Cuándo finaliza el actual período presidencial?

El artículo 90 de la Constitución establece que el presidente y vicepresidente duran en sus funciones “el término de cuatro años”. El artículo 91 agrega que el Presidente de la Nación “cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años”.

Como se ve, nuestra regla es un poco más críptica que la Enmienda XX de la Constitución de EE.UU., que establece con toda precisión que el período presidencial termina el día 20 de enero al mediodía. Esta diferencia da lugar a una discusión y dos tesis antagónicas.

Los compañeros Gustavo Arballo, Domingo Rondina, Andrés Gil Domínguez, Carlos D. Luque, Diego Armestó y Alejandro Fargosi, explican que el período termina el día 10 a la hora cero (o lo que es lo mismo, el día 9 a las 24:00 hs.). Agrega el compañero Badeni, con dramatismo, que Cristina podría ser considerada presidenta de facto si actuara luego de ese límite.

La tesis contraria ha sido sostenida por el Escribano General de Gobierno, quien afirma que el período expira durante el día 10 de diciembre a la hora en que se produzca la jura del nuevo presidente, es decir, pasadita la una. Para ello, invoca el artículo 6 del Cód. Civ. y Com. (CCC) y explica que los períodos que se fijan por años se cuentan de “fecha a fecha”.

En este punto, comparto la opinión de quienes sostienen que período termina el día 10 a la hora cero, porque ese es el sentido corriente y literal del artículo 91. Remito, así, a las opiniones y fundamentos de los citados más arriba, que doy aquí por reproducidos. Y me permito agregar dos argumentos más (perdón si alguien ya lo dijo y entre tanta opinión no lo ví):

En primero, que el propio artículo 6 del CCC termina diciendo que “las leyes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo”, que es precisamente lo que ocurre en el caso. De modo que su mera invocación no resuelve nada.

El segundo, surge de la cláusula transitoria décima, que establece que “El mandato del Presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de julio de 1995 se extinguirá el 10 de diciembre de 1999”. Ello significa que en la lógica constitucional, el período termina en una fecha, no con una jura. Es decir, ni bien comience el día 10 el mandato ya cesó. De la aplicación armónica de esta cláusula transitoria junto con los arts. 90 y 91, resulta que la magia del poder se desvanece el 9 a medianoche. Como en un relato de hadas.

 5.- ¿Cuándo comienza a ejercerse el nuevo mandato?

En mi opinión esto ocurre luego del juramento, aunque aquí nuevamente hay discusión. Para algunos de los ya citados, el nuevo presidente ejerce el cargo desde la hora 0 del día 10, mientras que para otros, como el Escribano General de Gobierno, el nuevo cargo sólo puede ejercerse luego de la jura ante la Asamblea, a la hora en que esto ocurra.

No comparto la idea de quienes sostienen que la jura del artículo 93 sea una mera formalidad ornamental o simbólica, y que el cargo o sus competencias se pueden ejercer aún sin cumplirla. Esbozaré brevísimos argumentos.

Primero, está el texto de la Constitución, que se tomó el trabajo de dedicar un artículo específico al tema, y que dice que el juramento se hace al “tomar posesión” del cargo. No creo posible que pueda ejercerse un cargo que no se ha asumido. Nadie se casa antes de dar el sí.

En segundo lugar, no creo que un juramento público sea puro ornato. Remito aquí a El Federalista nros. 44 y 70 y al “Manual…” de Joaquín V. González, que en su nro. 528 explica que es recién con la jura que el ciudadano que asume el cargo compromete su honor, lo cual resulta esencial para ejercer control social sobre la función. De paso, glosando este acápite de la obra del riojano, Quiroga Lavié afirma que “El juramento presidencial es requisito constitutivo para acceder al cargo. Si las personas elegidas no quisieran hacerlo, no podrán asumir”.

Por último, la jurisprudencia de la Corte Suprema registra casos en Fallos 277:264 y 319:339 en los que la falta de la formalidad del juramento fue decisiva para concluir que jueces o fiscales no estaban en ejercicio de la magistratura. Igual criterio ha sostenido el TSJ de la CABA en el caso “Paz”, del 3/3/2005. Creo que el principio es aplicable al presidente por analogía.

6.- ¿Quién manda el 10 a la mañana?

Si nos empeñamos en que la jura no puede ocurrir en sesión preparatoria y la queremos hacer al mediodía del día 10 para acompañar con un asado, las opciones que nos quedan son dos: Amado o Federico.

A favor de Amado, tenemos la práctica institucional, que revela que las Asambleas Legislativas han sido presididas por los vicepresidentes salientes (con la excepción de Martínez, que renunció el día antes). No podría ejercerse tal función sin tener un mandato vigente.

Abona esta tesis el hecho de que el artículo 91 y la transitoria décima dicen que llegado el día 10 cesa el mandato del “presidente” y nada dicen sobre el vicepresidente. Se agrega el hecho de que el artículo 93 dice que la ceremonia es presidida por el “presidente del Senado” sin decir “provisional” (y obviamente, no puede tratarse del vicepresidente electo).

Ergo, podría argumentarse que el Constituyente no fue inconsecuente, y que las dos omisiones intencionales tienen el claro sentido práctico de proveer un gobernante de fórmula hasta el momento de la jura. Esta regla explicaría, así, la presencia de alguien tan poco bienvenido como el Ing. Cobos en la ceremonia de 2011.

A favor de Federico, se podría argumentar que el artículo 90 fija la duración de la función del presidente y el vicepresidente en un mismo período. De modo que sería inconcebible la idea de un único y mismo plazo constitucional con dos fechas de expiración diferentes.

Creo que la cuestión es opinable. En cualquier caso, si el día 10 tenemos que hilar tan fino para resolver algún conflicto de poder real, es que estamos en serios problemas. De tan inquietante, prefiero pasar rápido al final de la novela.

7.- ¿Tiene, entonces, algún rol que jugar la Corte Suprema?

Sería un despropósito, pero su intervención podría darse de dos maneras.

Si se presentara un conflicto de gravedad institucional como el que orejeamos en la pregunta anterior, que requiriera saldar quién es el titular del poder ante una verdadera emergencia, una alternativa que se ofrecería sería que la Corte Suprema tome juramento público al presidente electo allí donde se encuentre. Esta competencia “salvífica” no resulta expresamente de la Constitución, pero tendría color de legalidad por limitarse a activar la voluntad popular y contar el aval del precedente de Fallos 252:177 de 1962.

En lo que hace a la cuestión protocolar, relativa a la banda y el bastón, ya dijimos que la ceremonia es contingente, y por tanto la intervención de la Corte no es constitucionalmente necesaria. Esto no quiere decir que el tema no tenga valor político o antropológico, sino que simplemente excede lo jurídico. Aunque entre tanto sinsentido simbólico quizás podamos soñar un poco y pensar que la eventual aparición de los jueces en el centro de la escena viene a significar que, al fin y al cabo, en nuestra patria imperan las leyes y no los caprichos personales

 

 

Ilustración: Fernando VII, luciendo la banda de la Casa de Borbón y bastón de mando militar.