Archivo de Autor

11/03/2013

“Creo que fui testigo de ese diálogo” (casos Taboada Ortiz y Maciel s/constitucionalidad de las agravantes específicas).

por Alejandro Freeland

Escuchando a través de la puertaEl amigo Lahitou da cuenta, en el primer acuerdo del año, de dos votos opuestos entre sí de los penalistas de la Corte, Zaffaroni y Argibay, e imagina un intercambio de titanes. Creo que lo escuché.

12/10/2012

La Corte llama a ignorar o a rebelarse contra las decisiones de los jueces (o un nuevo -y significativo- aporte al reino del revés: “Pro-Familia c/GCBA”).

por Alejandro Freeland

¿Error? Lamento decir que no. Es lo que dijo ayer la Corte en la cuestión del aborto en la Ciudad. Ya no es otro de los Poderes del Estado quien desoye, ignora o desacata las sentencias de los jueces de instancia y también las del máximo Tribunal, sino éste mismo quien insta a las Autoridades a ignorar las decisiones judiciales que se dicten en tanto suspendan la ejecución de uno de los llamados “abortos no punibles” del art. 86 del CP.

Etiquetas: ,
02/10/2012

¿Justicia para Los Dragones?

por Alejandro Freeland

El 27 de junio, y como surge del reporte que hiciéramos del Acuerdo de dicha semana, la Juez Federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, se declaró incompetente para entender en el caso de la violentísima toma y destrucción operativa del yacimiento “Cerro Dragón” por parte de un pequeño grupo de empleados y uno mucho mayor de simpatizantes de “su lucha”, Los Dragones, vinculados a la lista opositora del sindicato oficialista de la UOCRA (aquí se puede ver un análisis del raro episodio en la pluma de Pagni para La Nación).

Agrego algo más.

Etiquetas:
12/09/2012

Leerás lo que yo quiera

por Alejandro Freeland

Profunda preocupación causa entre los jueces la Resolución del Plenario del Consejo de la Magistratura 163/12 del 5 de julio (expediente 1318260/11 “informe contrataciones, renovación de suscripciones) que dispone que, a partir del 13 ese pasado mes de julio, los Jueces nacionales y federales de todo el país no recibirán más las suscripciones a las publicaciones jurídicas (La Ley, J.A. etc) y deberán contentarse con lo que el PEN publique en el portal INFOJUS del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La “limitación” sólo podrá ser sorteada a costa del peculio del Juez que desee contratar a su costo alguna otra fuente alternativa de información. El Presidente de la Corte recogió las quejas y  mostró interés por el asunto.

Me parece otra mala noticia para nuestra alicaída justicia.

06/08/2012

Festivales de presos

por Alejandro Freeland

Leo hoy que el Juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni opinó que “aunque no existieron irregularidades de ningún tipo”, pudo haber sido “un error político” el episodio de las recientes salidas de presos condenados por homicidio hace pocos meses a penas muy graves (18 años uno y prisión perpetua el otro) para asistir a “tareas culturales” (conciertos, festivales) de la mano de una agrupación política de militancia kirchnerista y horrible nombre, fundada por el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Sr. Hortel. Dijo el Juez que preciso es “evitar el escándalo” que provocó esta medida (no porque sea esencialmente escandalosa, sino porque “los medios pueden hacer un escándalo de cualquier cosa”) y que “no hay que quemar las banderas”.

Me parece que la gravísima cuestión merece algunas reflexiones.

27/07/2012

A decidir, señores (plazo razonable, ter).

por Alejandro Freeland

Pretendo reflexionar nuevamente sobre la sentencia que comentara Valentín el pasado 16 de julio en su post “la Administración también tiene plazo (razonable) para sancionar”. Repaso y después arranco. Luego de más de 20 años de proceso (los hechos imputados datan de 1987), el  BCRA impuso, a varias personas, sanciones de multa por infracción a la normativa financiera. Apelada la decisión, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal criticó las evidentes demoras en el trámite y hasta dispuso, por ellos,  la investigación administrativa pertinente, pero decidió que la acción no se encontraba prescripta y, por tanto, confirmó las multas.

Los sancionados interpusieron recurso extraordinario argumentando, en lo que aquí interesa, que el extenso trámite administrativo había violado la garantía de defensa en juicio y el derecho a obtener una decisión en “plazo razonable”, al que alude el art. 8.1 de la CADH y que, por tanto, había que declarar extinguida la acción por prescripción como forma de hacer efectivas dichas garantías.

La Corte, en contra del dictamen de la Procuración,  por seis votos y en muy buena sentencia (clara, concisa, bien desarrollada, sin disidencias ni votos concurrentes) admitió el recurso. VTC ya hizo un buen comentario. De todos modos siempre puede decirse algo más.

13/03/2012

¡Vengo a ejercer mi derecho a abortar. Médico, proceda ya!

por Alejandro Freeland

La Corte Suprema, en fallo de hoy (“A. F. s/medida autosatisfactiva”)  que termino de leer por segunda vez (sin liberarme del estupor) ha dicho que el artículo 86 del Código Penal consagra “un derecho a abortar” a toda víctima del delito de violación. Derecho, que, por aplicación del artículo 19 CN (lo que no está prohibido está permitido) libera a la interesada o a los médicos de requerir la intervención judicial (de la necesidad de “judicializar” el asunto) porque las cosas están bien claras: “ello, lejos de estar prohibido, está permitido, y no resulta punible” (considerando 19 del voto de la mayoría). No hace falta denuncia ni prueba de la violación, basta que la niña, la adolescente o la mujer (o, en su caso, sus representantes legales) “juren” que el ilícito es causa del embarazo para proceder sin más. Lo contrario implicaría oponer un “vallado extra” a la legítima pretensión y negar el derecho humano a la salud por medio del aborto… (considerandos 27 a 30). Así, como lo leen.

Etiquetas: ,
05/03/2012

Joven Garzón, no tiene Ud. razón.

por Alejandro Freeland

Han echado a Garzón. Para algunos el mejor Juez que las democracias del mundo hayan conocido. Para otros, un pillo.

A quienes lo exaltan, las razones que da el Tribunal Supremo español en su sentencia de la causa Gürtel les parecen infames excusas de la más rancia y trasnochada derecha franquista personificada por (o corporizada en) el Supremo Tribunal. Amigos y simpatizantes sostienen que en realidad no lo echaron por prevaricar y violar (groseramente) el derecho de defensa y la intimidad de las gentes sino, como acaba de sostener nuestra Presidente ante la Asamblea legislativa en pleno y en presencia del aludido, “por haber intentado develar los asesinatos del franquismo” … lo que “es una afrenta para la Justicia universal”. Dicho lo cual, siguió con su homenaje diciendo: “Quiero reconocerle en nombre de millones de argentinos su rol en la defensa de los derechos humanos, que es uno de nuestros puntales en nuestro proyecto de país“. Dice la crónica (no pude seguir su discurso de más de tres horas) que, tras ello, la mayoría del auditorio se levantó para aplaudir a Garzón. Cristina Kirchner suspendió por unos segundos el discurso y también se puso de pie para acompañar el homenaje al magistrado (ver aquí el discurso completo).

Quienes lo abominan invitan a leer esa misma sentencia Gürtel en la que el Supremo (de heterogénea composición y nunca sospechado, que yo sepa, de favoritismos políticos o sectarios) lo condenó por unanimidad a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricato en concurso aparente con el de escucha ilegal.

02/12/2011

¿Rectificamos o descarrilamos? A partir del caso “Derecho (II)”.

por Alejandro Freeland

Está muy bien esto de “rectificar”,  facere rectus lo que venía torcido. Más loable y hasta plausible aparece la cosa cuando la acción es autoreferente: el sujeto reconoce su propio error y encarrila, encauza, corrige lo que, razonada pero equivocadamente, había sostenido antes. Pero bastante inusual resulta ver que quien acepta la rectificación es el Supremo. Y francamente extraño que ello sea luego de convertir, por propia decisión, un pedido de aclaratoria (que clamaba rechazo por improcedente) en un recurso de revocatoria. Evidentemente la Corte, suprema en todo y mucho más en aquello que quiere decir y en cuándo lo quiere decir, necesitaba hablar: algo que ella misma (cambio de dos jueces Argibay y Lorenzetti, por Belluscio y Boggiano) había dicho no hace tanto, la incomodaba muy mucho.

Lo que no me parece de ningún modo evidente (sí, más bien, lo contrario) es que la corrección (violenta) que supone esta sentencia “Derecho (II)” a lo dicho en “Derecho (I)” en 2007 -fallo y dictamen PG-, signifique algo mejor, más justo, más protector de los derechos humanos o resulte digno de aprobación o de elogio. Más bien, creo que se ha torcido (y retorcido) todavía más el rumbo y junto con los dos jueces que firmaron la disidencia (Fayt y Argibay) postulo que “Derecho (II)” es un tremendo error, que nos coloca en una zona de dudas y de sombras realmente preocupante.

21/11/2011

¿Quién paga por el alojamiento y manutención de los condenados? Ni “Méndez”, ni Mendieta.

por Alejandro Freeland

¿Es constitucionalmente válido que un interno, con parte de lo que recibe como remuneración por su trabajo carcelario, pague su estadía en prisión? Esto es lo que se discute en “Méndez” y la respuesta de la Corte, unánime (seis de los siete Jueces en voto único, ausente la opinión de la Dra. Argibay) es que no.  Parece que lo constitucionalmente conforme es que el interno no pague nada (ni con su sueldo, ni con sus impuestos, tasas o contribuciones, que ninguna pesa sobre él); y que todo lo cubra el Estado, es decir, todos los que estamos, provisoriamente, del otro lado.

02/08/2011

El alcance de las reglas Miranda… (II)

por Alejandro Freeland

La decisión de la Corte: En cuanto a la “estética” de la decisión, la Corte presenta siempre sus sentencias precedidas de un syllabus seguramente preparado por alguno de los clerks del Tribunal en el que se resume el caso, la cuestión sometida a estudio y los antecedentes relevantes del Tribunal. En este caso, el syllabus consume 3 de las 40 páginas de la sentencia. Lo que me proyecta al segundo punto que quiero destacar: es una sentencia acaso demasiado larga para lo que había que decidir y tratar.

01/08/2011

El alcance de las “reglas Miranda” en una reciente sentencia de la U.S. Supreme Court (I)

por Alejandro Freeland

En sentencia del mes de junio J.D.B. v. North Carolina, la Corte Suprema norteamericana decidió con la mínima mayoría (5 a 4), que la policía debe tomar en cuenta la edad de un menor a quien pretende interrogar, a la hora de decidir si advertirlo o no en los términos de las “reglas Miranda” (the Miranda warnings, producto de la sentencia Miranda v. Arizona del año 1966): “Ud. tiene derecho a permanecer callado, toda declaración que haga puede ser usada en su contra, tiene derecho a la presencia de un abogado defensor”. ¿Y por qué la duda en la aplicación de un criterio tan aceptado y tan general? Es que las reglas Miranda se aplican solamente a aquellas personas arrestadas o puestas bajo custodia; y el menor del caso en examen, en rigor no lo estaba al momento de ser interrogado. La cuestión fue entonces si, merced a su edad (!13 años!) y a la situación que enfrentó (un uniformado lo sacó de su clase del séptimo grado y, acompañado por una autoridad del Colegio lo llevó a una salita en donde lo interrogó a puertas cerradas por más de media hora hasta que el chico “confesó), el menor podía interpretar, tal como lo hubiera hecho un adulto razonable. que “era libre de evitar o de negarse al interrogatorio” (that he was free to walk).

28/07/2011

Surfeando la web: SCOTUSblog, sana envidia (pero no tanta).

por Alejandro Freeland

Quedarse trabajando en la feria de invierno puede tener, en lo que aqui interesa, algunas gratificaciones. Por ejemplo la de encontrar algún tiempo extra para echar un vistazo a los sitios que, imagino, han inspirado a los creadores de este portal. En el caso, SCOTUSblog, el site de comentarios a los trabajos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al que se accede directamente desde esta página. La sensación que tuve es la que me ataca cada vez que, por ejemplo, visito una universidad extranjera (en inevitable -y perturbadora- comparación con nuestra cotidiana realidad): una mezcla de sana envidia por sus, en apariencia, inagotables recursos; de respeto a la organizacion y seriedad con la que encaran sus trabajos, y por qué no, también de mínima (¿resignada?) satisfacción, por lo que desde aquí podemos hacer, y hacemos, con aquello que tenemos.

15/06/2011

Reacciones por “Sandoval”: ¿deriva o motín?

por Alejandro Freeland

Me gustó mucho “Sandoval”. Una persona no puede ser sometida otra vez a nuevo riesgo penal (reenvío para un nuevo juicio) cuando los errores (sentencia anulada) provienen del Estado. No al double shooting, al renovado intento de obtener la condena de un individuo, obligándole a vivir en un estado de permanente inseguridad y ansiedad y a afrontar, por segunda vez (¿e indefindamente?), la posibilidad de ser condenado. Me parece que esa doctrina, que viene construyéndose desde Mattei, debe sostenerse aún cuando de ello derive, alguna vez, una consecuencia indeseada.

Pero mi contento duró poco. La Casación penal, a lo menos en dos precedentes de Salas distintas, nos advierte que la Corte no ha sentado doctrina en Sandoval en el sentido que entendimos lo hizo (ver nuestro post aquí).

16/05/2011

“Si tengo que cumplir la pena, que sea aquí” (caso Berthet)

por Alejandro Freeland

El caso que comento trata un supuesto de extradición pasiva de persona condenada en el extranjero. El Sr. Berthet (cuya nacionalidad no conocemos, ni tampoco la Corte) es requerido en extradición por la República de Portugal para terminar de cumplir lo que le resta de una condena a prisión (cuatro años y poco menos de 5 meses) que se le impuso en aquel país. El Juez Federal rechazó la extradición luego de escucharlo en primera audiencia (la del art. 27 de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en materia penal) en la que el requerido manifestó su oposición a la extradición y dijo que, en todo caso, si tuviere pena que cumplir “deseo cumplirla en la Argentina debido a una cuestión familiar”.

Etiquetas:
19/04/2011

Desde Australia, sin amor.

por Alejandro Freeland

Siguiendo con la saludable práctica de comentar sentencias de los máximos tribunales extranjeros, presento aquí una de la Corte Suprema Australiana (5 jueces) que me remitió VTC: “Stubley v. Western Australia”, sentencia del 20 de octubre de 2010 y fundamentos leídos el 30 de marzo de 2011. Alan Stubley, médico psiquiatra ahora anciano, enfermo y retirado, practicó su especialidad entre 1965 y 2000 en Perth, capital del Estado de Western Australia. En el 2010, un jurado lo encontró culpable de 6 cargos de violación, uno de tentativa de violación y 3 abusos sexuales cometidos contra dos de sus pacientes. Lo condenó a 10 años de prisión.

01/03/2011

Contrabando tentado y consumado: no da igual y no debe dar igual.

por Alejandro Freeland

Mientras esperamos las primeras sentencias de la Corte de este año en materia penal, me parece interesante presentar al lector el “muy Zaffaroniano” voto en disidencia en el expediente “Branchessi, Lidia Susana y otra”, (Dictamen aquí) en el que este Juez propuso al acuerdo declarar la inconstitucionalidad del art. 872 del Código Aduanero, que parifica la pena del delito de tentativa de contrabando con la del contrabando consumado.

15/12/2010

De nuevo sobre el “plazo razonable” (Oliva Gerly)

por Alejandro Freeland

En esta sentencia que anoto, Oliva Gerly,  la Corte sigue enriqueciendo su ya importante doctrina sobre “el plazo razonable” que se origina o anuncia en Mattei (“la prosecución de un pleito inusualmente prolongado –máxime de naturaleza penal- conculca el derecho de defensa de los acusados”) y se afianza en Mozzatti, Barra, Amadeo y tantas otras decisiones posteriores. El imputado tiene derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas y el remedio frente a una extensión irrazonable en el tiempo del proceso es para el Tribunal, de nuevo, la prescripción.

Ya nos hemos referido a estas cuestiones desde aquí al comentar la sentencia “Bouer” (“A razonar sobre lo irrazonable”), oportunidad en la que postulamos una solución distinta.

26/11/2010

“No double jeopardy: one shot only” (Sandoval).

por Alejandro Freeland

A veces puedo decir al cliente: “ganamos en la Casación, anularon la sentencia”. Pero su alegría se transforma en espanto cuando le explico lo que el “logro” significa. Sí, es que para los abogados, la victoria se nos aparece a veces verdaderamente pírrica y amarga; tanto como para dudar si ubicar el resultado en la vitrina de los éxitos o en la de los rotundos fracasos. En efecto, la consecuencia del “éxito” es la (ominosa) amenaza de tener que volver a enfrentar un juicio oral años después (¡la de reeditarlo entero!),  luego de que la Casación reenvíe el caso para nuevo juzgamiento al tribunal oral, con todo lo que ello supone para el cliente, para el abogado, para los testigos y para el sistema de justicia en general. El Estado fracasó en dar una respuesta después de procesar el caso por años, y no fue por culpa del imputado. Acaso la zozobra no sería tanta si el proceso todo durara seis meses o un año en total, y no cinco, diez o quince. Pero la fuerte sensación de rechazo no radica solo, ni fundamentalmente, en los tiempos de respuesta sino en la injusticia que supone la situación y que, creo, responde a más o menos a esta imagen:

28/10/2010

Derecho a la intimidad y exclusión probatoria (Quaranta)

por Alejandro Freeland

El derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada, en la de la familia, en el domicilio o en la correspondencia (que consagran los arts. 18 y 19 de la C.N. y los Pactos internacionales de Derechos Humanos) alcanza también a las comunicaciones telefónicas. La injerencia en ellas (el levantamiento de su secreto) sólo puede ser dispuesta por un juez en resolución motivada cuando median en la causa elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable. La sola existencia de un llamado anónimo que advierte sobre una supuesta actividad ilegal y motiva no sólo la formación de un proceso penal sino la intervención del teléfono del domicilio denunciado y de los que con él se comunicaban, no cumple con dichos estándares. De todo ello habla Quaranta, caso en el que la Corte no encontró un cauce de investigación independiente distinto a la intervención ilegal y, por aplicación de la regla de exclusión (doctrina del fruit of the poisonous tree, el Estado no puede beneficiarse de una actividad ilegal), anuló todo lo actuado y absolvió al condenado.

14/10/2010

Contravenciones: esos “pequeños delitos”.

por Alejandro Freeland

Se nos presentan casi tímidamente, con nombres que no impresionan - “contravenciones”, “faltas”-, pero lo cierto es que plantean cuestiones constitucionales complejas y nos regalan, cada tanto, sentencias de la Corte que pasan a ser material de estudio en las aulas y cita obligada en los Tribunales. Los límites o alcances del “ius punendi” ; la sepación de poderes en un sistema federal; la delegación de competencias penales del Legislativo al Ejecutivo; la distinción de este derecho sancionatorio menor con el derecho penal “fuerte” , la potestad de las provincias de dictar normas de naturaleza represiva y la salvaguarda (¿plena, parcial?) de los derechos fundamentales a través de las garantías constitucionales del derecho penal y procesal penal.  En la reciente sentencia, N., J. G. s/ infr. art. 15, inc. 4°, LCP , la Corte trata las dos últimas cuestiones (potestad de las provincias de dictar normas de este tipo y la vigencia, total, de las garantías que surgen de la Constitución, de los Pactos internacionales de Derechos Humanos que la integran y de las sentencias propias y de Tribunales supranacionales). Merece la pena mirársela.

Etiquetas:
28/09/2010

De delito político, pues nada (Apablaza Guerra).

por Alejandro Freeland

Casi veinte años han pasado desde que, el 1 de abril de 1991 y en una Chile ya democrática, dos individuos interceptaron al senador pinochetista Jaime Guzmán Errázuriz a la salida de sus clases de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y lo asesinaron a tiros. Cinco meses después, el 9 de setiembre, cuatro sujetos detuvieron en la calle al hijo del dueño del diario El Mercurio, Christian Edwards del Río, lo amarraron, lo metieron en el baúl de un auto, lo tuvieron cinco meses viviendo en condiciones espantosas en una caja de tres metros por dos y recién lo liberaron al cobrar un millón de dólares por su rescate. Chile reclama desde hace mucho la extradición para juzgar en su territorio al líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FMPR) la organización terrorista que se adjudicó estos dos graves crímenes. Se llama Galvarino Sergio Apablaza Guerra.

07/09/2010

Funcionarios heroicos para un sistema desbordado

por Alejandro Freeland

Tres fallos recientes de la Corte motivan estas reflexiones. Dos (Moreno Herrera s/robo con homicidio, CSJN, 24/8/10Guzman, J. A. S/homicidio simple, CSJN, 31/8/10) tratan situaciones de condenados que interpusieron recursos in pauperis (sin asistencia técnica); así, la deficiente fundamentación posterior del recurso por la defensa provista por el Estado dejó a sus asistidos en la indefensión. El último (Ruiz, R. A. s/causa Nro 3065, CSJN, 24/8/10) se refiere a un defensor oficial de licencia que no fue reemplazado, lo que se tradujo, de nuevo, en la indefensión de su asistido ante la emergencia del recurso. Acaso no sea casual la sucesiva publicación en la página de la Corte (tres en menos de un mes) de sentencias que plantean estas situaciones.  Mi experiencia profesional indica que, por lo general, los defensores oficiales trabajan muy bien; entonces ¿qué pasa?

24/08/2010

“G., Joel Leandro”: menores condenados por delitos y “sentencias incompletas”.

por Alejandro Freeland

El menor “G”, junto con su hermano, mayor de edad y una tercera persona no identificada, fue condenado como coautor del delito de secuestro extorsivo doblemente agravado (por haberse cobrado rescate y por el número de intervinientes). Los tres abordaron a un joven en Lomas de Zamora cuando salía de su casa, lo subieron a su automóvil para hacerlo conducir por diversos lugares, lo despojaron de algunas pertenencias (alianza, cadenita de oro, dinero y el estéreo del auto) y, luego, llamaron a su padre para hacerse pagar un rescate de $ 450, un DVD y una video casetera. El rescate se pagó y el joven fue liberado.

22/07/2010

C.J.P. alias “M”: ¿cuantos años tenés?

por Alejandro Freeland

“C.J.P.” alias “M” fue condenado en febrero de 2008 a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso como autor responsable del delito de robo simple tentado. Tras su condena, el mismo Tribunal declinó su competencia en la justicia de menores en una causa por otro delito que le había sido atribuida por conexidad subjetiva. Es que un informe médico practicado en esta última causa, determinaba que C.J.P. alias “M” probablemente fuera menor de edad al momento del segundo hecho (anterior a aquel por el que había sido condenado). Así, la defensa del condenado interpuso recurso de revisión contra la sentencia que lo condenó, que fue rechazado por la Sala I de la Casación por no tratarse de uno de los supuestos de admisibilidad del recurso (se alude específicamente al art. 479 inciso 4º del CPPN). Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso extraordinario por la vía del art. 14 de la ley 48, que, denegado, motivó la queja. La Corte hizo lugar a la queja con remisión a los argumentos del Procurador General.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 4.439 seguidores